Las irregularidades en el manejo de las infracciones de tránsito en Bogotá han captado la atención de la Procuraduría General de la Nación, que investiga a funcionarios de la Secretaría de Movilidad de la ciudad por presuntas anomalías en la ejecución del contrato relacionado con el diseño e implementación del software para gestionar comparendos.
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Este software, conocido como ‘Sistema Fénix’, fue concebido para optimizar el proceso de manejo de las infracciones de tránsito, pero hasta la fecha no ha entrado en funcionamiento, a pesar de que su entrega estaba estipulada para el año 2022.
Según ha señalado el ente de control, “la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción corrobora si se presentó incumplimiento de los principios y normas que rigen la contratación estatal”, lo que podría haber derivado en un detrimento patrimonial significativo. Los retrasos en la entrega del Sistema Fénix, que debió haberse implementado hace más de un año, han suscitado inquietudes sobre la gestión eficiente y transparente de los recursos públicos en un tema tan sensible como la movilidad en la capital del país.
Las denuncias, que han sido ampliamente difundidas por los medios de comunicación, han motivado la intervención de la Procuraduría para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Desde el ente de control enfatizaron que la mencionada situación pone en tela de juicio la capacidad de las instituciones para cumplir con sus obligaciones contractuales y resguardar los intereses de la ciudadanía.
Mas investigaciones de la Procuraduría a Movilidad Distrital
El ente de control hace algunos días encendió las alarmas sobre posibles irregularidades en uno de los contratos más sensibles para la movilidad de Bogotá. La investigación se centra en la Secretaría de Movilidad, particularmente en el manejo del contrato suscrito con el concesionario GYP S.A.S., encargado de la gestión de grúas y patios para vehículos inmovilizados en la capital desde 2018. Este contrato, que parecía ser una solución eficiente para el control del tráfico, ahora está bajo la lupa debido a presuntos manejos financieros que podrían haber derivado en un detrimento patrimonial significativo para la ciudad.
El contrato en cuestión ha generado ingresos millonarios, pero solo una pequeña fracción de estos habría llegado a las arcas del Distrito. Según los datos revelados, entre abril de 2018 y enero de 2024 se recaudaron 163 mil millones de pesos. Sin embargo, lo que preocupa a las autoridades es que apenas el 17,7% de estos recursos, equivalentes a 28 mil millones de pesos, habrían ingresado a la Secretaría de Movilidad, mientras que un abrumador 82,3% habría sido destinado al concesionario GYP S.A.S., que presuntamente habría recibido 134 mil millones de pesos.
Ante esta situación, la Procuraduría indicó que intensificará su labor investigativa, ordenando la recolección de pruebas para esclarecer si estas desviaciones financieras corresponden a un desfalco que involucra a funcionarios públicos y, potencialmente, al propio concejo de Bogotá.
Procuraduría investiga a exalcalde por incumplir con la Ley de representación femenina
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra José Flaminio Vanegas, exalcalde de San Antonio del Tequendama (2020-2023), por presunta omisión de la Ley de Cuotas. Se le acusa de nombrar solo a una mujer en uno de los cinco cargos de secretarios de despacho entre enero y abril de 2020, incumpliendo la Ley 581 de 2000 que exige al menos un 30% de representación femenina.
La conducta del exmandatario fue calificada provisionalmente como falta gravísima, al considerar que vulneró el principio de economía en la función pública. El ente de control investiga si este proceder constituye una falta disciplinaria.
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