En una publicación en la mañana del domingo 18 de agosto, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, abordó el reciente caso de secuestro de un grupo de 33 soldados en los municipios de Calamar (Guaviare), y La Macarena (Meta). El incidente, ocurrido en el contexto de las operaciones de la fuerza pública en la región, suscitó una respuesta enérgica por parte del mandatario, pero también un poco desviada.
Los soldados, miembros de la Fuerza de Despliegue Rápido, fueron retenidos temporalmente por residentes locales que se oponen a las operaciones militares en la zona. La situación de cautiverio se prolongó por unas horas, pero los uniformados lograron liberarse y evitar un cerco más prolongado por parte de la comunidad que los había capturado.
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El presidente Petro, en su mensaje, defendió la decisión de los soldados de luchar por su libertad. En X, el jefe de Estado atribuyó el secuestro a la influencia de “Iván Mordisco”, uno de los líderes más prominentes de las disidencias de las Farc en Colombia y una de las cabezas del Estado Mayor Central (EMC), sobre los campesinos de la región.
Según Petro, “la unidad del Ejército retenida por el campesinado influenciado por Iván Mordisco ha hecho lo que todo ser humano hace por su libertad. La unidad ha evadido la retención y se encuentra en buen estado (sic)”.
El presidente también reiteró el compromiso del Gobierno con la lucha contra el narcotráfico y la preservación del medio ambiente en la región amazónica: “La actividad contra el narcotráfico y las actividades de destrucción de la Amazonía continuarán. Queremos un campesinado libre, con derechos ciudadanos y fuerza por la vida”. El mandatario al destacar la importancia de mantener la seguridad en el Parque Nacional Natural Chiribiquete, una zona de alto valor ecológico.
Petro también hizo un llamado a la libertad y derechos ciudadanos para los campesinos, enfatizando su deseo de ver una población rural empoderada y con acceso a derechos fundamentales. Esta postura sugirió un reconocimiento de las aspiraciones de los campesinos, aunque sus métodos sean cuestionables y en conflicto con las políticas del Gobierno.
El secuestro y posterior liberación de los soldados se produjo en un contexto de tensiones crecientes entre las autoridades militares y las comunidades locales. Las Fuerzas Militares informaron que los habitantes habían reaccionado en el mismo lugar donde, recientemente, la Policía había llevado a cabo un operativo en la unidad de carabineros, lo que resultó en la destrucción de varios puntos de acceso y vías ilegales que cruzaban el parque natural.
33 militares retenidos por la comunidad: no querían que llevarán a cabo operativos en la zona
El domingo 18 de agosto, se informó que 33 militares habían sido retenidos por miembros de la comunidad en una región comprendida entre los municipios de Meta y Guaviare. El incidente tuvo lugar en la noche del sábado, cuando los soldados se encontraban al realizar patrullajes en una zona afectada por recientes operaciones de la Policía Nacional.
La retención se produjo tras un operativo en el que las autoridades destruyeron puentes y vías usadas de manera ilegal por la comunidad en el Parque Nacional Chiribiquete, una zona protegida. El general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, comunicó que los soldados afectados lograron evadir el cerco comunitario y reanudaron sus actividades sin mayores incidentes.
Este suceso se produjo justo después de una reunión del ministro de Defensa, Iván Velásquez, con líderes locales para revisar la situación de seguridad en la región. Durante el encuentro, se concluyó que es necesario replantear la estrategia de seguridad. En respuesta, se fortalecerán las capacidades de los Gaula militar y de policía del Meta con la llegada de un destacamento del Grupo Gaula Élite.
Además, el Batallón Especial Energético y Vial será transformado en un Batallón de Artillería con 12 nuevos pelotones para asegurar un mejor control territorial. También se prevé la incorporación de nuevos efectivos en la región, en el plan de 16.000 de las Fuerzas Militares y el plan 20.000 de la Policía Nacional. Este ajuste en la estrategia de defensa podría tener implicaciones en las negociaciones en curso con el ELN.