La nueva póliza de seguros que deberán comprar en los conjuntos residenciales para evitar más de una sanción

Las normas de propiedad horizontal en el país, actualmente vigentes desde hace más de dos décadas están a punto de ser actualizadas. En el Congreso de la República se estudia una propuesta que incluye puntos importantes para la seguridad y convivencia en los edificios y conjuntos residenciales. Entre las modificaciones más relevantes está la obligatoriedad de contar con pólizas de seguros en las zonas comunes.

Uno de los apartados de mayor relevancia en la nueva propuesta es la introducción de seguros para accidentes en estas áreas.

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“Se establece que todas las propiedades horizontales deben constituir pólizas de seguros contra riesgos de incendio y terremoto, y para cubrir los riesgos en áreas comunes como piscinas y parques infantiles”, explicó el portal Metrocuadrado.

La importancia de estas pólizas no puede ser subestimada. Los propietarios y residentes deben asegurarse de que la administración de su edificio o conjunto tenga estos seguros al día. Esto es especialmente importante en un país como el colombiano, donde fenómenos naturales como incendios y terremotos son prevalentes. Así las cosas, los residentes deben estar atentos a que la administración de su edificio o conjunto tenga estas pólizas al día.

Asimismo, la propuesta de ley incluye otras medidas que buscan mejorar la convivencia y seguridad en los condominios y conjuntos residenciales. Entre ellas se encuentran multas para quienes irrespeten las zonas comunes y regulaciones más estrictas sobre quiénes pueden administrar un edificio o conjunto. Se insiste en que estas regulaciones son necesarias para garantizar una gestión responsable y eficiente de los espacios comunes y del patrimonio de los propietarios.

Estas nuevas regulaciones también reflejan la necesidad de adaptarse a los tiempos actuales, donde el bienestar y la seguridad comunitaria son prioridades.

Sobre las multas por irrespetar las zonas comunes, la propuesta presenta un enfoque severo, dado que dice: “La nueva ley impondría sanciones a aquellos que no respeten las normas de convivencia y el uso adecuado de los espacios comunes”. Metrocuadrado resalta la importancia de estos cambios para fomentar una convivencia más armónica entre los residentes.

Con esta nueva ley, se espera también controlar de manera más estricta quiénes pueden administrar un edificio o conjunto residencial. Se busca así garantizar una gestión profesional que vele tanto por los intereses de los propietarios como por el mantenimiento adecuado de las instalaciones. Este punto es esencial para prevenir conflictos y asegurar que las propiedades comunes se conserven en óptimas condiciones.

Bogotá registra altos índices de subaseguramiento en lo que respeta a copropiedades. A diferencia de otras ciudades del país, la capital colombiana tiene la tasa de aseguramiento más alta en este ámbito: 36,3% o alrededor de 33.637 copropiedades, según datos de la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda). Sin embargo, esta cobertura sigue siendo una pequeña fracción, apenas el 1,8%, del total de copropiedades en la capital que, según el último Censo Inmobiliario, se acercan a 1,9 millones.

A nivel nacional, la situación es aún más crítica. Solo 74.521 copropiedades cuentan con una póliza de bienes comunes, tal y como obliga la Ley 675 de 2001 de Propiedad Horizontal, que protege el patrimonio común de quienes comparten inmuebles privados, comerciales y mixtos. La cifra es baja si se considera que en todo el país hay un número significativamente mayor de copropiedades.

La ley establece que todas las copropiedades deben tener un seguro que cubra los bienes comunes, pero su aplicación es insuficiente. Esto se debe, principalmente, a la falta de cumplimiento y a la percepción de altas primas de seguro que disuaden a muchas copropiedades de cumplir con la ley.

Las implicaciones del subaseguramiento pueden ser graves. En situaciones de emergencia o desastres naturales, las copropiedades sin seguro enfrentan dificultades financieras para reparar o reemplazar bienes comunes dañados. Esto puede desatar conflictos entre los copropietarios y afectar la calidad de vida en estos inmuebles.

En Bogotá, el Censo Inmobiliario de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (Uaecd) resultó siendo una herramienta clave para actualizar y monitorear el creciente número de copropiedades en la ciudad. Sin embargo, los esfuerzos para incrementar la cobertura de seguros aún enfrentan desafíos significativos.

Ante el fenómeno de subaseguro, Fasecolda resaltó la necesidad urgente de aumentar la conciencia y el cumplimiento de las regulaciones de seguros. También abogan por estrategias que faciliten el acceso a pólizas más pagos y flexibles para las diferentes copropiedades.