La controversia por el robo de una maleta con dinero en efectivo en el apartamento de Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), donde se encuentra involucrada la exniñera Marelbys Meza, tiene un nuevo capítulo judicial.
En la mañana del lunes 19 de agosto, se reveló a la opinión pública que la Fiscalía General de la Nación adelanta un principio de oportunidad con la expatrullera de la Policía de la Sijín Bogotá, Dana Alejandra Canizales, implicada en el perfilamiento contra la exempleada de la directora del Dapre, y la que participó en la elaboración de informes de policía judicial falsos en la que Meza y dos personas cercanas a su círculo social fueron expuestos como delincuentes dedicados al hurto de residencia, documentos que fueron presentados ante un fiscal seccional de Bogotá, días después del hurto de dinero a Sarabia.
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Según el acta judicial revelada por Caracol Radio, la exoficial, que aceptó su responsabilidad en los hechos ante la justicia, tendría inmunidad penal parcial por el delito violación ilícita de comunicaciones, bajo las siguientes tres causales como “suministrar información de la banda; servir como testigo de cargo contra los demás involucrados; y repare integralmente el daño causado”.
El documento publicado por el citado medio de comunicación también detalló que Dana Canizales será testigo en el juicio en contra del Intendente Alfonso Quinchanegua, acusado de enviar al correo de la exoficial la información que debían consignar en el formato de fuentes no formales.
Además, la expatrullera también será testigo en el juicio contra el capitán de la Sijín Óscar Alejandro Mojica, que en su momento era su superior inmediato, y fue quien le dio la orden de alterar las evidencias, con las que pretendían inculpar a Marelbys Meza en el robo a las pertenencias de la directora del Dapre.
No obstante, el acta resalta que la expatrullera Dana Canizales continuará su proceso ante la justicia por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público agravado, y falsedad material en documento público agravado.
Alteración de evidencias en el caso Marelbys Meza
El patrullero José Sebastián López Herrán, uno de los exoficiales que decidió colaborar con la justicia frente al caso de Marelbys Meza, reveló que un grupo de uniformados manipularon las pruebas del caso como la declaración inicial de la exniñera y material de video, con el propósito de inculpar a la exempleada de Sarabia en el robo de dinero en su residencia, ocurrido el 29 de enero de 2023.
Este caso comenzó cuando Andrés Fernando Parra, pareja de Sarabia en ese momento, denunció en esa fecha, el robo de dinero en el apartamento. Por ello, Marelbys Meza fue sometida a una prueba de polígrafo arbitraria, que ahora se sabe fue parte de un montaje para obtener su confesión.
Según informó Semana, el expatrullero contó que este hecho fue ejecutado por órdenes de sus superiores, específicamente del capitán Óscar Leandro Mojica, quien el 31 de enero de ese año, le ordena la recolección de videos de una cigarrería ubicada en la calle 127 con Avenida Suba, que posteriormente fueron entregados en una memoria USB por Paola Pava y recibidos por el mayor Duván Andrés Muñoz, que habría amenazado a Meza durante la prueba del polígrafo.
Días después, el intendente Alfonso Quinchanegua instruyó a López Herrán a modificar la entrevista original con Meza, cambiando detalles cruciales para evitar exposiciones problemáticas, como el uso de un vehículo de la plataforma Didi. Este ajuste pretendía ocultar indagaciones irregulares hechas al conductor de la aplicación de transporte.
A medida que avanzaba la investigación, la Fiscalía evidenció la responsabilidad de los tres oficiales, iniciando un proceso penal contra ellos. “La Fiscalía General está segura de que podrá demostrar la culpabilidad del mayor Duván Andrés Muñoz, el capitán Óscar Leandro Mojica y el intendente Alfonso Quinchanegua, que están ad portas de un juicio penal por las chuzadas”, expuso el medio de comunicación.
Esta confesión de López Herrán respaldará la acusación en juicio contra Mojica, Muñoz y Quinchanegua, que están próximos a ser juzgados penalmente por interceptaciones ilegales.
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