Juez impone medida de aseguramiento a dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en Valle del Cauca

Por solicitud de la Fiscalía, un juez penal municipal con función de control de garantías de Buga (Valle del Cauca) ha dictado medida de aseguramiento en centro carcelario contra John Jairo Moreno Cardona y Sebastián Gómez Correa. Ambos individuos son señalados de ser miembros de la columna Adán Izquierdo, una disidencia de las Farc, y se les imputan varios delitos, entre ellos fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, privativo de las fuerzas armadas, o explosivos.

Las autoridades atribuyen a estos individuos la participación en el tráfico de estupefacientes, extorsiones y robo de vehículos en la región del Valle del Cauca. Además, se les vincula con ataques dirigidos contra la Fuerza Pública que patrulla la zona, y con el frustrado atentado del 27 de junio contra la estación de Policía de Pradera, donde hombres a bordo de una motocicleta intentaron perpetrar el ataque.

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La captura de Moreno Cardona y Gómez Correa se logró gracias a dos operativos de registro y allanamiento realizados por la Policía Nacional en inmuebles del municipio de Pradera. Durante estas operaciones, se incautó un objeto cilíndrico que se asemeja al artefacto utilizado en el ataque a la estación de Policía. También se confiscaron tres teléfonos móviles, una bolsa plástica con 13 cartuchos de arma de fuego y una cantidad de clorhidrato de cocaína.

La decisión judicial de imponerles medida de aseguramiento en cárcel refuerza el compromiso de las autoridades de continuar combatiendo las actividades ilícitas en la región y de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la seguridad y el orden público.

El pasado 16 de agosto el Consejo de Estado aceptó la primera demanda de nulidad contra el levantamiento de las órdenes de captura contra líderes de las disidencias de las Farc pactadas en medio del cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el grupo armado, una medida que ha generado controversia.

La demanda fue interpuesta por la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, solicitando la nulidad tanto del levantamiento de estas órdenes de captura como de los decretos o resoluciones que establecen el cese al fuego.

“Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 419 de 29 de diciembre de 2023, del Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego comunicada a la Fiscalía General de la Nación el 12 de enero de 2024, en la cual solicita, ‘Suspender todas y cada una de las órdenes de captura dictadas o que sean dictadas en contra de Alexander Díaz Mendoza (sin identificación)’”, se lee en la demanda.

Con ello, solicitan que se declare la nulidad del Decreto 0888 del 15 de julio de 2024, mediante el cual se “prorroga el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial (CFBTNT) sobre la base de un Acuerdo para el respeto de la población civil entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC-EP”.

De acuerdo con los demandantes, uno de los líderes del Estado Mayor Central, identificado bajo el alias de Calarcá, ha estado involucrado en actos que van en contra de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH).

Específicamente, Fevcol acusa a las estructuras bajo su mando de haber amenazado en repetidas ocasiones a miembros de la federación, así como a autoridades municipales, además de extorsionar a varias comunidades y ser responsables del secuestro de soldados de las Fuerzas Militares. Lo anterior fundamenta su petición para que se revoque el cese al fuego bilateral con las estructuras insurgentes de las Farc.

Además de alias Calarcá, los demandantes también pidieron se declare nulo el levantamiento de las órdenes de captura contra otros disidentes como Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, entre otros.

Argumentan, además, que la suspensión de las órdenes de captura no ha contribuido a la pacificación, sino que ha permitido que los grupos armados se fortalezcan, creando un riesgo de mayor inseguridad en las comunidades afectadas.