Indígenas embera justificaron uso del cepo en niños por “necios y chismosos”, polémica en el Parque Nacional

El 16 de agosto se hizo eco sobre la situación de cinco menores indígenas de la comunidad embera, quienes fueron castigados con un dispositivo conocido como el cepo, una construcción de madera diseñada para restringir los pies de las personas que están acostadas en el suelo. Los niños, miembros de la comunidad embera asentada en el Parque Nacional de Bogotá pasaron con los pies atados desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Miguel Ángel Sintua, líder de la comunidad indígena, detalló para Noticias Caracol que el castigo a los menores se realizó debido a que, “hay que controlar a los jóvenes, muchachos necios que maltratan a la mamá, al papá, por eso se merecen la sanción en el cepo. Segundo, también daño del matrimonio por el chisme, también se merecen el cepo”.

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De igual forma, Sintua denunció las condiciones en las que habitan en el Parque Nacional: “Nosotros estamos en un sitio público, no hay garantías, no hay baños públicos, no hay alimentación. Por eso, nosotros, como estamos solos, queremos el cepo”.

Por su parte, el gobierno del Distrital afirmó que el Parque Nacional no está bajo la jurisdicción de las comunidades indígenas, lo que implica que no se les reconoce autoridad en esa área específica. En respuesta, los líderes indígenas señalaron que, en ausencia de garantías adecuadas y del reconocimiento de sus derechos, se verán obligados a imponer sus propias normas y regulaciones en el Parque Nacional.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su profundo descontento y condena ante el castigo infligido a miembros de la comunidad indígena que reside en el Parque Nacional de la ciudad. Galán señaló su repudio hacia el acto y aseguró que el tratamiento de los miembros de la comunidad indígena no puede ser aceptado en ninguna circunstancia.

El alcalde local reveló que el descubrimiento de los menores sometidos al cepo se produjo durante una exhaustiva inspección realizada por las autoridades distritales en el Puesto de Mando Unificado (PMU) del área afectada. Esta inspección, que forma parte de un esfuerzo más amplio para monitorear y asegurar el cumplimiento de las normativas en el Parque Nacional, permitió a los funcionarios locales identificar y enfrentar de inmediato la situación irregular que involucraba a los menores indígenas.

“Rechazamos categóricamente estos actos cometidos por parte de la comunidad Emberá. Insistimos en que no se cumplen los elementos necesarios para aplicar jurisdicción indígena en el Parque Nacional y ampliaremos las denuncias puestas ante la Fiscalía por usurpación de funciones públicas. Seguiremos haciendo todo lo necesario para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes”, afirmó el alcalde en la red social X.

Sin embargo, este incidente no es un caso aislado, ya que la comunidad indígena asentada en el Parque Nacional recurrió anteriormente a este tipo de castigos. Según reveló un funcionario de la Consejería, el 25 de julio se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, donde se reportó que miembros de la comunidad indígena sometieron a un habitante de la calle al mismo castigo en el cepo.

Posteriormente, el 14 de agosto, se realizó una nueva visita a la Fiscalía con el propósito de ampliar la denuncia original, añadiendo información más detallada sobre los posibles responsables de estos actos.

Por otro lado, se están intensificando los esfuerzos para agilizar el diálogo que permita el retorno de estas comunidades indígenas a sus tierras de origen. Las autoridades esperan que este proceso de retorno se concrete entre el 28 y 30 de agosto, lo que pondría fin a su permanencia en el Parque Nacional y facilitaría una solución pacífica y respetuosa para todas las partes involucradas.