Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra la secretaria General del Fondo Nacional del Ahorro

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra la secretaria General del Fondo Nacional del Ahorro, Sandra Milena Burgos Beltrán, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato al incluir requisitos habilitantes para direccionar el proceso, y excluir a otros proponentes distintos al que finalmente resultó favorecido.

La Segunda Delegada para la Contratación Estatal indicó que, al parecer, la funcionaria participó en la etapa precontractual y la contractual en detrimento del patrimonio público, por lo que se buscará determinar si los estudios del sector evidenciaban que el bilateral era viable jurídica y financieramente.

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Así mismo, el Ministerio Público sostuvo que Burgos Beltrán habría usado una modalidad de selección que no correspondía por tratarse de bienes de características técnicas, uniformes y de común utilización, lo que pudo generar que la entidad no lograra una disminución en el gasto de acuerdo con la dinámica de subasta inversa.

El ente de control disciplinario dio a conocer que se revisará la evaluación del proceso para determinar si estuvo acorde con los documentos definitivos, si el comité evaluador actuó de manera objetiva y si los criterios incluidos eran desproporcionados e impidieron la participación de un mayor número de oferentes.

Con el desarrollo de esta etapa procesal y la solicitud de pruebas hecha por la Procuraduría, se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si la persona disciplinable actuó o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad.

La Contraloría General de la República identificó importantes irregularidades en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) durante 2023. En total, se hallaron 9 hallazgos, de los cuales 2 tienen incidencia fiscal por un valor de $1.970 billones, 3 tienen alcance disciplinario, y 1 hallazgo da lugar a una indagación preliminar por un valor de $391.477 millones.

En primer lugar, se detectaron cuatro retiros fraudulentos de cesantías a través del canal presencial en el punto de atención de Barranquilla, por un total de $252.448 millones. Estos retiros se realizaron mediante la suplantación de identidad del consumidor con documentos falsos, lo que evidencia fallos en los procedimientos de verificación y control.

Por otra parte, se reportaron 27 casos de retiros fraudulentos de cesantías a través del canal virtual, realizados mediante la actualización indebida de datos personales, lo que permitió transacciones no autorizadas por un valor de $391.477 millones.

Adicionalmente, la auditoría de la Contraloría reveló deficiencias significativas en la gestión de cobro de créditos hipotecarios, con un hallazgo que asciende a $1.717 millones debido a 15 obligaciones prescritas. Estas deficiencias se deben a la falta de ejecución de la acción cambiaria y de la cobranza judicial dentro del plazo legal de tres años.

Entre las debilidades encontradas, se destaca que el Fondo Nacional del Ahorro no realizó la gestión de cobro judicial por no contar con garantías de los créditos hipotecarios señalados. Esto se debió a deficiencias en la ejecución de los procesos relacionados con la constitución, custodia y control de garantías.

Llama particularmente la atención de la Contraloría que esta deficiencia es recurrente, y a pesar de que la entidad del Gobierno cuenta con una acción de mejora contemplada en un Plan de Mejoramiento, la auditoría concluyó que dicho plan fue inefectivo, con un porcentaje de efectividad del 0%, ya que las acciones no fueron ejecutadas en su totalidad.

En ese sentido, la Contraloría instó al Fondo Nacional del Ahorro a revisar y mejorar sus procedimientos para los retiros de cesantías, tanto virtuales como presenciales, así como los relacionados con la cancelación y reposición de títulos valor de las garantías que impiden la gestión de cobro de los créditos, para garantizar una gestión eficaz y oportuna de los recursos públicos, evitando así futuros detrimentos patrimoniales y garantizando la protección de los bienes del Estado.