Imputan a tres exalcaldes de Magdalena que habrían falsificado documentos para cobrar millonaria pensión de invalidez

En el municipio de Sitionuevo, departamento del Magdalena, tres exalcaldes enfrentarán la justicia por presunta corrupción relacionada con la obtención irregular de una pensión de invalidez. Se trata de Omar Alfonso Díaz Gutiérrez, Yan Carlos Gutiérrez Gutiérrez, y José de los Santos Rico Quintana.

La Fiscalía General de la Nación informó que los tres exalcaldes fueron imputados por varios delitos, entre ellos el uso de documento público falso, peculado por apropiación y prevaricato por acción y omisión. Las investigaciones revelaron que, en 2014, al finalizar su mandato, Omar Díaz Gutiérrez presuntamente utilizó un documento público falso para conseguir el reconocimiento y el pago retroactivo de una pensión de invalidez, superior a 64 millones de pesos.

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Posteriormente, en 2015, Yan Carlos Gutiérrez Gutiérrez, en su calidad de alcalde en funciones, aprobó dicha pensión. Al asumir la alcaldía, José de los Santos Rico Quintana ratificó la decisión sin sustento legal.

Durante las audiencias preliminares, los tres exalcaldes negaron su responsabilidad en los hechos imputados. No obstante, un juez con funciones de control de garantías les impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos lugares de residencia mientras avanza el proceso en su contra.

Los cargos específicos que enfrentan cada uno de estos exfuncionarios incluyen varios componentes que reflejan la gravedad de las acusaciones. Según el informe del fiscal encargado del caso, los exalcaldes incurrieron en falsificación de documentos y malversación de fondos públicos, beneficiándose indebidamente de recursos del Estado.

La Fiscalía manifestó que estos actos representan una grave afectación a los recursos destinados para el bienestar social y la administración pública, destacando la importancia de asegurar que los fondos públicos se utilicen de manera correcta y transparente.

Por su parte, las autoridades continuarán con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen las acusaciones presentadas, y se espera que en las próximas semanas se realicen nuevas diligencias judiciales.

Un contrato por 65.000 millones de pesos para operar un centro de contacto en Colpensiones ha llamado la atención por su supuesto sobreprecio de 151%, según denuncias de la senadora Paloma Valencia. Este y otros presuntos actos de corrupción han puesto en la mira al presidente de la entidad, Jaime Dussán, que ha sido acusado de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y corrupción, según una carta dirigida a la Procuraduría General de la Nación por Carlos Enrique Ribero Rueda, líder del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Sector Financiero (Sintrasecfin).

Dussán, uno de los aliados más cercanos del presidente Gustavo Petro y figura central en la reciente reforma pensional, está ahora bajo investigación por presuntos delitos que incluyen la celebración indebida de contratos y violaciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Estas acusaciones surgen apenas tres semanas después de que Petro firmara la reforma que trasladará a al menos 19 millones de empleados al fondo de pensiones estatal Colpensiones, a partir de junio de 2025.

La denuncia también involucra a otros altos cargos dentro de Colpensiones, como Luis Alfredo Chaparro y Wilson Eduardo Pineda, señalando que habrían obtenido beneficios indebidos gracias a su cercanía con Dussán. Además, se alega que Pineda ocupa tres cargos distintos dentro de la entidad.

La Procuraduría General de la Nación deberá ahora evaluar las pruebas presentadas para determinar si procede con una investigación formal contra Dussán y otros funcionarios implicados. Las acusaciones destacan la importancia de la transparencia y la legalidad en la gestión de fondos públicos, especialmente en instituciones fundamentales como Colpensiones.

Las acusaciones han generado un clima de incertidumbre en torno a la reforma pensional, ya que Dussán ha sido una figura clave en su implementación. Este caso podría tener implicaciones significativas tanto para el liderazgo de Colpensiones como para la política de pensiones en Colombia.