Gobierno Nacional rechaza reactivación de bombardeos contra el ELN en el Chocó pese al paro armado

La Delegación de Paz del Gobierno Nacional manifestó a través de un comunicado su rechazo público a la reactivación de bombardeos en el departamento del Chocó, una medida adoptada en respuesta al paro armado declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta declaración llega en medio de una situación crítica que afecta gravemente a la región.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En un comunicado oficial, la Delegación de Paz habla de su objeción a los bombardeos, argumentando que tal estrategia no contribuye a la seguridad de la población civil ni a la construcción de la paz. “La reactivación de bombardeos como respuesta al inaceptable paro armado del ELN en el Chocó no contribuye a la protección de la población civil ni a la paz,” expresaron.

La Delegación también destacó la importancia de mantener el Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal (CFBNT), indicando que esta medida es esencial para avanzar en el proceso de paz y evitar una escalada del conflicto. Según el comunicado, el cese al fuego es un pilar fundamental que permite la vía hacia una paz duradera.

Desde que el ELN declaró el paro armado, la región del Chocó ha estado bajo una constante amenaza que ha paralizado la movilidad, el comercio y la vida cotidiana de sus habitantes. Este escenario de alta tensión y violencia ha llevado a diferentes sectores a criticar la respuesta militar del gobierno, abogando en cambio por una solución pacífica y negociada.

La Delegación de Paz insiste en la necesidad del diálogo y la solución negociada como las únicas formas viables de alcanzar la paz. “Insistimos en las vías del diálogo y la solución negociada,” concluyeron en el comunicado.

La situación en el Chocó sigue siendo alarmante, y las acciones del ELN han generado un clima de inseguridad y miedo entre los habitantes. Las dinámicas del conflicto en esta región exigen un enfoque que priorice los derechos y la seguridad de la población civil, evitando medidas que puedan exacerbar la violencia y el sufrimiento.

El Gobierno ha enfrentado una presión considerable para abordar esta crisis de manera efectiva, y el rechazo a los bombardeos refleja una posición firme en favor de métodos que promuevan la negociación y la paz sostenible.

La situación en el departamento del Chocó se torna cada vez más crítica a medida que la crisis humanitaria desencadenada por el paro armado indefinido del ELN se profundiza. Según los datos, más de 50.000 personas se encuentran confinadas debido a esta medida, afectando gravemente la movilidad, el comercio y el acceso a servicios esenciales en la región.

A este panorama se suma la trágica muerte de una niña de un año, evidenciando las graves consecuencias que la violencia ha traído a la comunidad chocoana.

En el ámbito educativo, la crisis ha golpeado fuertemente, dejando a 22.000 estudiantes de 38 instituciones educativas sin acceso a la enseñanza, pues las escuelas se han visto obligadas a cerrar sus puertas. La salud también se encuentra en una situación precaria debido a la falta de acceso a servicios médicos y la constante inseguridad, calificadas como violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario por la Federación Nacional de Departamentos (FND).

La respuesta del Gobierno nacional ha resultado insuficiente y ha generado una oleada de críticas tanto a nivel local como nacional. A pesar de las múltiples advertencias y llamados urgentes a la acción, las medidas implementadas hasta ahora no han logrado mitigar la crisis ni garantizar la seguridad de los afectados.

Diversas reacciones se han alzado en contra de esta inacción. La Federación Nacional de Departamentos ha condenado enérgicamente el bloqueo armado y ha exigido una respuesta efectiva y rápida por parte de la administración Petro. Los líderes comunitarios han hecho un llamado tanto al Gobierno como al ELN para que retomen el diálogo y busquen soluciones pacíficas. Adicionalmente, varias organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la situación y han instado a las autoridades a tomar medidas inmediatas para proteger a la población civil.

La necesidad de una intervención estatal eficaz y coordinada se hace cada vez más urgente en el Chocó, donde la población continúa sufriendo las graves consecuencias de la violencia armada. Es vital que se implementen acciones concretas para aliviar la crisis humanitaria y restaurar la normalidad en esta región del país.