El departamento de Cauca bajo asedio por grupos armados ilegales que intensifican ataques y combates: así es el mensaje de alerta de la Procuraduría

El departamento del Cauca, ubicado en el suroeste de Colombia, es uno de los epicentros de violencia por parte de grupos armados al margen de la ley.

Y la situación ha llegado a ser preocupante, incluso, para la Porcuraduría General de la Nación, que volvió a emitir un llamado de alerta, ya que, en 2024, este departamento ha sido escenario de más de 120 ataques criminales, según datos del Ministerio Público. Las cifras preocupan: el 67 % de los municipios de la región se encuentra en alto riesgo debido a la presencia y acciones de grupos armados ilegales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“El total de los municipios del departamento cuenta con injerencia de los grupos armados ilegales y el 42 % del total de eventos por alteración del orden público fueron dirigidos contra la población civil”, comunicó la Procuraduría, en las horas de la mañana del sábado 17 de agosto de 2024.

Durante el primer semestre del año, se registraron 123 eventos de alteración del orden público en Cauca, un promedio de cinco por semana. Estos incidentes incluyen 51 ataques contra la población civil, 33 combates con el ejército, 31 hostigamientos a unidades militares y policiales, y ocho enfrentamientos entre grupos armados.

Destacó en su misiva el ente de control que “entre los sucesos más lamentables están las amenazas contra el 28 % de los personeros del departamento, la utilización de niños, niñas y adolescentes para el transporte de artefactos explosivos y el uso de drones con explosivos que han afectado directamente a la población civil. Los municipios más afectados son Argelia con 19 eventos de orden público, Cajibío con 12, Santander de Quilichao 11, Toribío y Suárez con 10 cada uno”.

De acuerdo con Semana, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, subrayó la grave situación de seguridad y las infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) cometidas por estas agrupaciones, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Además de los grupos mencionados, el informe destaca la confrontación entre facciones como el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y el Frente Yair Bermúdez, todos supuestamente en proceso de paz, pero compitiendo violentamente por el control del territorio y las rentas ilegales.

El informe presentado por la institución, además, resaltó “la expansión y posicionamiento de estructuras como la “Dagoberto Ramos”, que hace presencia en el 31 % del departamento, el incremento del 14 % de las amenazas en esta zona del país para el primer semestre del 2024, frente al mismo periodo de 2023, y la persistencia de prácticas de control social como toques de queda para las comunidades y uso del carné”.

Incluso, informó el medio, las mismas Fuerzas Militares han destruido cuatro laboratorios de procesamiento de drogas en el occidente del Cauca, reflejando el combate al narcotráfico en la región, pero la violencia no se limita a estos empresarios ilegales.

Sumado a esto, la Procuraduría indicó que el Gobierno nacional tiene una responsabilidad sobre sus hombros con respecto a la seguridad de todo el departamento. De hecho, citó que “la crisis se presenta porque el Gobierno Nacional no logró contener y mucho menos anticipar la ocurrencia de atentados, incursiones armadas, hostigamientos a estaciones de policía y ataques a la población civil y que los incumplimientos del cese al fuego por parte de estos grupos ilegales no contaron con la debida verificación y alerta”.

El reporte de la Procuraduría incluye 32 recomendaciones para diversas entidades del Estado, con el objetivo de proteger a la población civil y garantizar la seguridad en Cauca, región que ha sufrido la actividad de grupos ilegales por décadas. Unas de ellas son “adquirir herramientas tecnológicas de última generación para derribar los drones de grupos ilegales; así como articular esfuerzos contra el reclutamiento de niños, el asesinato de líderes sociales y exigir a los grupos armados ilegales en las mesas de diálogo”.