Denuncian presunto escándalo de corrupción en el Gobierno Petro: ahora sería en la cartera de Minas y Energía

Un nuevo caso de corrupción estaría por sacudir al Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Alba Lucía Calderón Bueno, exsubdirectora de Contratos y Seguimiento del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (Ipse), denunció supuestas irregularidades en la ejecución de más de $238.000 millones de pesos, aún no utilizados este año.

Esta denuncia fue revelada inicialmente por la revista Semana, medio que, además, expuso que Calderón se vio obligada a apartarse de su cargo.

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Según la información del medio, Calderón afirmó que en el Ipse se ejerce presión sobre funcionarios y se les aparta de sus responsabilidades por no acatar órdenes. En su denuncia, Calderón relató que fue retirada del Ipse el 6 de agosto de 2024 por negarse a seguir directivas que implicaban acciones irregulares en contrataciones. Según Calderón, “se presionan a funcionarios y se les quita de las coordinaciones de trabajo por no acatar las órdenes de amañar contratos y realizar chanchullos”, de acuerdo con lo que publicó el medio.

Por lo tanto, Calderón presentó la denuncia formal el 9 de agosto ante Saúl Alberto Romero Piñeros, jefe de la Oficina de Control Interno del Ipse. En la misiva detalló que sus esfuerzos por pedir transparencia y responsabilidad en la ejecución presupuestal derivaron en su destitución. Calderón afirmó que las decisiones arbitrarias en el Ipse afectaron su “buen nombre y trayectoria profesional”.

La funcionaria también sostuvo que, en una reunión en el Ministerio de Minas y Energía, se advirtió a la entidad sobre la baja ejecución de su presupuesto asignado, que asciende a 282.305 millones de pesos. Con un saldo pendiente de ejecutar de 238.767 millones de pesos, se solicitó la aplicación inmediata de un plan de acción para optimizar la ejecución de los recursos para 2024.

Además, Calderón explicó que se creó una reunión sobre para adelantar un cronograma sobre la ejecución del presupuesto. Entre los asistentes a esta reunión se encontraban Danny Fernando Ramírez Bastidas, director del Ipse, y altos funcionarios del instituto. En sus declaraciones Calderón apuntó que propuso realizar un comité de contratación conforme al manual de gestión, pero solo se le pidió un “estudio previo desde el componente técnico”, omitiendo otros requisitos esenciales.

Calderón expuso que era necesario revisar elementos como la selección del contratista, ya que este fue elegido por la Oficina Asesora Jurídica sin explicar los criterios de selección. Las contrataciones, según Calderón, se dividirían en tres grupos, por un valor total de 63.375 millones de pesos (unos 15 millones de dólares).

Incluso, Calderón inicialmente propuso adelantar un comité de contratación conforme al manual de gestión de contratación, con el objetivo de garantizar transparencia en los procesos. “En la mencionada reunión”, indicó Calderón, “se buscaba la generación de una línea de tiempo de la contratación de los proyectos para planear la ejecución de los recursos asignados para la vigencia 2024″.

Entonces, según la exfuncionaria, Ramírez Bastidas convocó un comité de contratación que nunca se llevó a cabo. Semana citó a Calderón diciendo que “los contratos se iban a hacer en tres grupos por un valor de $63.375.082.979 pesos, que fueron aceptados por el director”.

Así las cosas, Ramírez Bastidas habría citado a Calderón para comentarle que no se entendían porque “no trabajaba en equipo”, pese a que ella enfatizó que la conformación del comité de contratación era necesaria para garantizar mayor transparencia. Asimismo, Calderón detalló que días después recibió la notificación de una resolución que la declaraba insubsistente, pero se le ofreció la posibilidad de renunciar, lo cual podría sugerir una acción para silenciar sus denuncias.

Como publicó el medio, el sindicato Sintraminerales también expresó su preocupación por la situación. El secretario general del sindicato, Jimmy Soto, criticó la falta de rigor administrativo y técnico en los procesos, y llamó la atención sobre el riesgo constante de corrupción. “El riesgo de corrupción es constante e inminente, en especial por las presuntas acciones arbitrarias de la jefa de su oficina jurídica, que ha cooptado el poder administrativo, contractual y del talento humano”.

“En atención a lo publicado por @RevistaSemana, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas #IPSE se permite informar a la opinión pública el comunicado completo que aborda las denuncias presentadas por el medio informativo.”, publicó la entidad en X (antes Twitter)”

Tras la publicación de la denuncia, el Ipse emitió un comunicado en el que aseguró que enviaron la denuncia a los entes de control para realizar las investigaciones pertinentes. Además, anunciaron acciones legales contra Calderón. “Desde ahora se anuncia el inicio de las acciones correspondientes en contra de la exfuncionaria del Ipse cuyas falsas denuncias son el resultado de un ejercicio que ha hecho carrera en nuestro país, en donde los servidores que son retirados de las entidades, en un evidente acto de represalia, siembran luego un manto de duda sobre la gestión de la entidad que legítimamente procedió a su desvinculación”.

El Ipse ha sido foco de cuestionamientos desde el inicio del Gobierno Petro, con diversas denuncias relacionadas con contratación a dedo, persecución y acoso laboral. Según información del medio nacional, el congresista del Pacto Histórico, Andrés Cancimance, había radicado previamente una denuncia ante el Ministerio de Minas y Energía, pidiendo una investigación exhaustiva.