
Los llamados a la austeridad de los directivos de la Universidad de Antioquia pasaron a otro nivel, luego de que las directivas de la misma institución reconocieran, a través de un comunicado, que venderá muebles “sin uso misional”, como parte de una estrategia para enfrentar y amortiguar “la coyuntura financiera actual”.
Las medidas ante la profundización de su crisis financiera, destapada en mayo y junio del año en curso, incluye la venta de varias propiedades para obtener recursos y mitigar la falta de liquidez que ha complicado el pago de nóminas y otros gastos operativos.
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“Ante la situación financiera que enfrenta actualmente nuestra Universidad, desde hace varias semanas las directivas universitarias retomamos la estrategia de oferta y negociación de un grupo de bienes inmuebles —algunos donados y otros recibidos por la institución como recuperación de cartera— que no son utilizados en el desarrollo de las labores misionales —docencia, investigación y extensión— y cuya venta representaría recursos adicionales para aportar a la sostenibilidad financiera de la alma máter en el corto y mediano plazo”, comunicó la institución.

Lo que se sabe es que la institución está encarando dificultades en su flujo de caja. Este mes, experimentó nuevamente problemas con el pago puntual a sus empleados, llevando incluso a postergar la liquidación de los contratos de cátedra hasta el último día hábil del mes siguiente a la terminación de los mismos.
Incluso, información del medio antioqueño El Colombiano manifestó que el rector Jhon Jairo Arboleda propuso “un debate para modificar las reglas de juego que regulan transferencias” mientras también busca otras fuentes de financiamiento para la institución.
La venta lleva 8 años
Sin embargo, la universidad comunicó que las intenciones de vender algunas propiedades lleva al menos 8 años, cuando “el máximo órgano de gobierno de nuestra Universidad tomó las primeras decisiones frente a la necesidad de emprender un proceso de venta de aquellas propiedades que, además de no ser útiles a nuestros ejes misionales ni generar un retorno económico constante, le implican a la Universidad costos en su manutención y administración”, según el comunicado oficial.
En entrevista con el medio antioqueño, el vicerrector administrativo Jesús Francisco Vargas Bonilla declaró que la idea de desprenderse de activos fue aprobada, en efecto, en 2027 y que el Consejo Superior había autorizado entonces una evaluación de las propiedades.

Las propiedades son las siguientes: 22 bienes entre lotes urbanos y rurales, oficinas y locales. “Estos predios hacen parte de un grupo de 23 inmuebles que mediante la Resolución 2315 de abril del 2019, el CSU había autorizado fueran enajenados y suman cerca de 1.300.000 metros cuadrados de área total; y están ubicados en los municipios de Barbosa, Santo Domingo y Apartadó, y en el distrito de Medellín. Su venta, según se ha estimado, podría representar aproximadamente 90.000 millones de pesos”.
La universidad posee una considerable cantidad de inmuebles que, en muchos casos, recibió como pagos en especie de otras entidades para cumplir con compromisos financieros. Vargas explicó que los obtuvieron, pues en algunos casos hubo “acumulación de deudas a razón de las transferencias que tienen que hacer hacia la universidad [...] bajo la figura de dación de pago, se han entregado algunas propiedades”.
Algunas de las propiedades más destacadas incluyen un lote en Barbosa, avaluado en $47.000 millones, y un predio en Villa Hermosa en Medellín con un valor de $18.000 millones. El Colombiano emitió que también se está negociando la venta de terrenos en Mompox, Bolívar, cuyo valor estimado ronda los $27.000 millones.

Con respecto a los últimos universidad está en conversaciones con el Gobierno Nacional para que estos terrenos sean adquiridos por la Agencia Nacional de Tierras, pues los lotes fueron invadidos por habitantes rurales. Entonces se requiere que los campesinos continúen trabajando allí bajo un programa de acompañamiento técnico de la universidad. Vargas detalló que “los terrenos fueron invadidos por campesinos”, y en colaboración con el gobierno, esperan que estos sean usados dentro de la política agraria nacional.
La crisis financiera ha llevado a la administración a acelerar la venta de algunas propiedades que no son fundamentales para sus operaciones educativas. Vargas apuntó que muchas de estas propiedades “han estado desatendidas” o son “difíciles de utilizar para la labor educativa” debido a su ubicación o condiciones específicas.
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