Delitos de Timochenko, Julián Gallo y Joaquín Gómez no podrán recibir amnistía, determinó la JEP: qué pasará con los excomandates de las Farc

Integrantes del Secretariado de las Farc fueron citados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para responder por graves crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia, incluidas infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Según el tribunal, entre los llamados a rendir cuentas se encuentran Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko; el senador Julián Gallo; y el excomandante del Bloque Sur de las Farc, Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido como Joaquín Gómez.

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De acuerdo con la JEP, los delitos que se les imputan incluyen homicidios, masacres, violencia sexual, desplazamientos forzados y desapariciones, así como el uso de medios y métodos ilícitos de guerra. Estos cargos son de tal gravedad que, según el tribunal, no son amnistiables y, por lo tanto, no pueden recibir el perdón judicial.

Asimismo, fueron convocados otros excomandantes de las Farc para declarar sobre su participación en estos crímenes. Entre ellos se encuentran Fabián Ramírez Cabrera, alias Fabián Ramírez, excomandante del Frente 14 y del Estado Mayor del Bloque Sur; Floresmiro Burbano, alias Martín Corena, excomandante del Frente 3 y del Estado Mayor del Bloque Sur; Jaime Tapiro García, alias Rubén Polanco, excomandante del Frente 14 y exintegrante del Estado Mayor de la Columna Móvil Teófilo Forero; y Omaira Rojas Cabrera, conocida como Sonia, quien fue comandante del Frente 14.

Según la JEP, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos determinó que estos bloques del Secretariado de las Farc operaban en las regiones del Quindío, Tolima, Huila, Meta, Cundinamarca y la ciudad de Bogotá. Dichas operaciones estaban dirigidas a consolidar el poder de la guerrilla, utilizando la capital como centro estratégico.

Los informes indican que bajo órdenes directas del Secretariado, se llevaron a cabo diversas acciones que violaron las normas del DIH, atacando a la población civil y a comunidades vulnerables de manera recurrente. Estos actos, señala la JEP, no sólo buscaban consolidar el control territorial y político, sino que además infligieron sufrimiento y destrucción entre las comunidades afectadas.

La JEP ha recabado suficiente información y testimonios para concluir que los crímenes perpetrados no sólo violaron derechos fundamentales, sino que se realizaron de manera sistemática en el contexto del conflicto. Estas conclusiones refuerzan la necesidad de que los responsables comparezcan ante la justicia y enfrenten las consecuencias de sus actos.

La Sala de Reconocimiento destaca que los delitos cometidos por estos excomandantes forman parte de un patrón de comportamiento que buscaba perpetuar la violencia y el control de la guerrilla a través del miedo y la represión. El uso de la violencia sexual, los desplazamientos forzados y las desapariciones forzadas son ejemplos claros de las tácticas empleadas para este fin.

Los comparecientes deberán aportar su versión de los hechos y asumir responsabilidades ante la JEP, en un proceso que busca esclarecer la verdad y contribuir a la reconciliación nacional.

La JEP se enfrenta a un delicado equilibrio entre la justicia y la reconciliación en el país tras décadas de conflicto armado. Esta entidad, creada como parte del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y Farc, tiene la autoridad de otorgar amnistías y otros beneficios judiciales a excombatientes por ciertos delitos cometidos durante el conflicto. Sin embargo, la JEP distingue claramente entre los delitos que pueden ser perdonados y aquellos que no.

Delitos perdonables y delitos no perdonables se definen con precisión en su mandato. Por un lado, entre los delitos que sí pueden recibir amnistías se encuentran aquellos considerados como delitos políticos y conexos. Esto incluye rebelión, sedición, asonada, y otros delitos directamente relacionados con la participación en el conflicto armado, según informó el medio que no se menciona.

Por otro lado, la JEP no concede amnistías a los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y graves violaciones a los derechos humanos. Esta categoría incluye una amplia gama de atrocidades como homicidios, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, ataques contra la población civil, el uso de minas antipersonal, el reclutamiento de menores y desplazamientos forzados. Estos delitos deben ser investigados, juzgados y sancionados por la JEP.

Los responsables de estos graves delitos no amnistiables deben colaborar activamente en la búsqueda de la verdad, la reparación y asegurar la no repetición de estos actos para poder acceder a cualquier tipo de beneficio judicial. Esta colaboración incluye el reconocimiento de los hechos, la entrega de información veraz sobre el paradero de víctimas desaparecidas y la contribución a proyectos de reparación para las víctimas y la sociedad en general.

Desde la creación de la JEP, su trabajo ha sido observado intensamente tanto a nivel nacional como internacional. Las expectativas sobre su efectividad en la transición de Colombia hacia una paz duradera son altas, y su labor es un componente crucial en el proceso de reconciliación que busca cerrar una de las etapas más violentas de la historia reciente del país.