La toma del Palacio de Justicia en 1985 se pudo evitar: los errores que piden no repetir en Colombia tras conocerse presunto plan criminal

El 6 de noviembre de 1985 se registró uno de los crímenes más recordados en la historia de Colombia, luego de que militantes del M-19 se tomaran el Palacio de Justicia, el sitio que simboliza el poder judicial del país.

Es por ello que, luego de que las autoridades informaran el viernes 16 de agosto de 2024 que habían encontrado planos, explosivos y una maqueta del lugar en el que quedan las oficinas de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, durante el allanamiento a una bodega en la localidad de Ciudad Bolívar, múltiples figuras de la opinión pública han pedido que el Gobierno nacional ordene la protección total del palacio.

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“No puede repetirse el genocidio que el M-19 cometió financiado por Pablo Escobar en 1985″, destacó el expresidente Andrés Pastrana para referirse a la posibilidad que tuvo el Gobierno nacional de turno para evitar que la toma del palacio se ejecutara.

La toma que se pudo evitar

El primer aspecto por el que se afirma que la toma del Palacio de Justicia se pudo evitar es porque el M-19 ya había perpetrado un crimen similar cinco años atrás, cuando en febrero de 1980 ingresaron de manera violenta a la embajada de República Dominicana en Colombia, en donde fueron secuestrados 15 diplomáticos por los que se pedía la liberación de 300 guerrilleros y cinco millones de dólares.

En ese caso, los guerrilleros terminaron tomando un avión rumbo a Cuba con varios de los secuestrados y aunque el Gobierno nacional negó haber entregado dinero, se afirma que el grupo armado recibió alrededor de tres millones de dólares.

A pesar de este caso y de que había amenazas de posibles nuevos crímenes por parte del M-19 en la capital, cuando se registró la toma del Palacio de Justicia, la seguridad era mínima, puesto que se habla de que solo había seis personas en guardia.

A esto se suma que la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que el Estado colombiano “no tomó las decisiones necesarias para evitar la toma, a pesar de que diferentes instituciones conocían el riesgo de que esta se cometiera por parte del M-19″.

Luego de la retoma del palacio, se conoció que las autoridades tenían indicios sobre un posible atentado en este lugar con fecha tentativa; sumado a esto, varios magistrados llevaban meses siendo amenazados con ser asesinados si accedían a aprobar el tratado de extradición de colombianos a Estados Unidos.

Es por ello que la Corte resaltó que el Gobierno nacional “no cumplió con su deber de prevenir y proteger adecuadamente a las 15 víctimas del presente caso que laboraban o se encontraban visitando el Palacio de Justicia, al momento de la toma por parte del M-19, a través de la adopción de medidas oportunas y necesarias de protección”.

Con conocimiento de los antecedentes sobre un atentado en el Palacio de Justicia, tras conocer la incautación de lo que sería el comienzo de un plan para atentar contra la sede del poder judicial del país, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro, informó que ya “se ha reforzado la seguridad en el Palacio de Justicia.

Sumado a esto, Chaverra pidió que las investigaciones para encontrar a los responsables de esta amenaza contra su labor y la de sus colegas, debe avanzar con prontitud.

“Demandamos que las investigaciones se adelanten para que se esclarezcan los hechos y se puedan sancionar, de ser necesarios a los responsables del mismo, y segundo que es necesario de qué haya un reforzamiento a la seguridad de los magistrados, la seguridad de las instalaciones donde cumplimos nuestra función para que, en un ambiente de tranquilidad, nosotros podamos continuar en la prestación de nuestras funciones”, declaró el presidente de la Corte Suprema de Justicia.