Contraloría exigió al Gobierno verificar cómo va a cubrir el déficit en el Presupuesto General de la Nación

La Contraloría General de la República advirtió sobre el déficit de $12 billones en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025. De acuerdo con el ente de control, es necesario realizar una planeación presupuestal con mayor equilibrio y sostenibilidad para su ejecución. Igualmente, señaló que existen inconsistencias con respecto a las proyecciones de ingresos tributarios.

“Una de las observaciones que realizó la Contraloría fue un llamado especial a presentar un presupuesto general mucho más equilibrado con respecto a los ingresos y al financiamiento del mes”, señaló Ana Monsalvo, contralora delegada para Economía y Finanzas Públicas.

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Asimismo, la funcionaria explicó en diálogo con La FM que “el presupuesto está planeado con $523 billones; sin embargo, presenta un desbalance de $12 billones que el Gobierno nacional pretende dejarlo a través de una ley de financiamiento”.

En ese sentido, dijo que es necesario que el Gobierno nacional otorgue mayor claridad sobre cómo se van a “obtener estos ingresos adicionales que pretenden tratar de equilibrar este presupuesto”. Además, fue enfática en decir que a pesar de que el PGN propuesto por el Gobierno no derrocha recursos públicos, es necesario identificar como se planea cubrir el déficit.

“Si bien es un presupuesto moderado y prudente, de todas maneras tienen que revisar precisamente cómo se van a obtener estos $12 billones, sobre todo en las bases gravables de aquellas personas o de aquellas empresas que serán grabadas precisamente para atender esta suma”, indicó al medio citado.

A propósito, afirmó que es de vital importancia evaluar la manera en la que se repartirá el presupuesto, en particular, en puntos clave para la sostenibilidad estatal como el servicio de la deuda y el gasto en el funcionamiento. “Nosotros también hemos hecho un llamado o una observación frente a la distribución del presupuesto en el marco del gobernante de lo que es el funcionamiento de la deuda, inversión y la distribución de la misma”, señaló la contralora.

Por último, dijo que, una vez aprobado el presupuesto para la vigencia de 2025, la Contraloría realizará un seguimiento y monitoreo exhaustivo para garantizar su correcta ejecución.

“Nosotros en este momento lo que hacemos son unas observaciones, luego de aprobado el presupuesto general de la nación de la vigencia 2025 como Contraloría, le hacemos seguimiento y monitoreo precisamente para que este se ejecute”, concluyó Monsalvo.

Desde el Congreso de la República perciben el proyecto del presupuesto con escepticismo, en especial, en las propuestas enfocadas a las proyecciones de ingresos y la reducción en el presupuesto de inversión. Por lo tanto, varios congresistas expresaron su preocupación por las consecuencias que los cambios tendrían en sectores clave como la agricultura y el desarrollo rural, por lo que solicitaron más información sobre las fuentes de financiamiento.

Por su parte, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana indicó que la planeación presupuestal no es viable a largo plazo. De acuerdo con sus proyecciones de ingresos, ni en el escenario más optimista, el PGN podría asumir los gastos del Estado. Asimismo, sostuvo que es necesaria una reforma estructural adecuada, de lo contrario el déficit podría seguir aumentando en los próximos años.

Con una visión similar, expertos económicos cuestionaron el presupuesto general planteado por el Ministerio de Hacienda. En su opinión, es necesario tener mayor transparencia y medidas concretas que aseguren la sostenibilidad fiscal. Ellos coinciden en que las proyecciones de ingresos y gastos carecen de realismo, lo que podría dejar al país en una situación financiera comprometida.

A nivel internacional, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial también han manifestado su preocupación por la capacidad de Colombia para mantener la estabilidad fiscal sin una reforma tributaria efectiva. Estas organizaciones han recomendado al Gobierno implementar políticas fiscales más rigurosas para evitar un aumento en la deuda pública.