El 11 de agosto de 2024, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) inició un paro armado indefinido en el sur del departamento del Chocó, por la presencia del Clan del Golfo en sus zonas de control. Esta situación afecta a los municipios de Istmina, Medio Baudó, Sipí, Nóvita y Medio San Juan.
De acuerdo con el pronunciamiento del ELN, el Estado colombiano decidió no cumplir con los acuerdos pactados. A la par, señaló que la presencia de las Fuerzas Militares solo pretende ejecutar grandes proyectos en la zona para saquear y despojar de recursos a los habitantes del territorio. Por tal razón, el grupo armado ilegal “busca asegurar posiciones en las bocas del río Sipi, San Agustín y Brisas, así como en Barranconcito por el río Cajón”.
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La Gobernadora del departamento, Nubia Córdoba, aseguró que unas 50.000 personas estarían en riesgo por el paro ilegal ordenado por la guerrilla. Una de ellas fue una niña indígena de cuatro meses, que falleció en el municipio de Istmina porque el grupo armado impidió su traslado a un hospital.
En ese sentido, el vicario pastoral en Istmina, el padre Ernesto Zapata, aseguró en diálogo con W Radio que, en la región, se encuentran “constatando con nostalgia la cantidad de familias que están en aislamiento”. Al mismo tiempo, se refirió a la grave situación de desabastecimiento a la que se están enfrentando por culpa del grupo armado.
Según el sacerdote, el aislamiento causó caos en el municipio de Itsmina, puesto que “centenares de personas se tuvieron que desplazar a otros poblados, lo que significa dejar su entorno bajo la gravedad de que faltan alimentos, agua y medicamentos”.
A la par, sostuvo que los más afectados por la coyuntura son los niños de la zona, ya que “nos encontramos en una situación de alta complejidad”. Además, advirtió sobre otras consecuencias que conlleva la medida del ELN, en particular, los problemas educativos.
“Se nos viene la prueba de los chicos del bachillerato, la prueba Icfes y muchos de ellos no van a poder acudir a esta responsabilidad (…) tenemos un territorio complejo y no tiene la cobertura todos los territorios para la presencia de las Fuerzas Militares y Policía”, enfatizó.
Es por ello que el padre Zapata aseveró que, en nombre de la comunidad, hace un llamado de urgencia tanto al Estado colombiano como al grupo armado ilegal a que cesen estas situaciones y se permita que todas las instituciones y el Estado puedan acudir a responder a las necesidades de las comunidades.
Qué se está haciendo para solucionar la crisis en el Chocó
Mientras miles de personas del Chocó esperan la ayuda estatal para afrontar la situación en la región, se llevó a cabo un Consejo Extraordinario de Seguridad para determinar la hoja de ruta del Gobierno frente a la medida del ELN.
En dicha reunión, se aprobó el despliegue de las Fuerzas Militares en varios puntos estratégicos del departamento, que estarán vigilando las principales carreteras para evitar que los pueblos de la zona queden incomunicados. Asimismo, harán presencia en las diferentes áreas comerciales para salvaguardar las actividades económicas de las comunidades.
“El Comando General de las Fuerzas Militares tiene a disposición de las comunidades las Líneas Gratuitas 107 contra el Terrorismo y 147 del Gaula Militar, en donde se podrá denunciar, con absoluta reserva, la presencia de miembros de grupos ilegales o la realización de actos delictivos, para que así las tropas puedan reaccionar de manera pronta y oportuna”, informaron las autoridades.
En paralelo, anunciaron que pondrán a disposición varios helicópteros para movilizar tropas, así como “aeronaves no tripuladas para el monitoreo y control en tiempo real de vías fluviales y terrestres, y un grupo de 100 soldados del Ejército y la Armada para reforzar las labores de seguridad y presencia institucional”.