En el Congreso le quieren poner freno a la Ungrd: proyecto de ley busca evitar el uso indebido de calamidades públicas para desviar recursos

El miércoles 14 de agosto se presentó ante el Congreso de la República un proyecto de Ley que prohibiría a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) declarar calamidades públicas sin fundamento, para evitar la contratación directa.

La iniciativa, impulsada por el representante Cristian Avendaño, busca garantizar la transparencia en la administración de recursos destinados a emergencias y prevenir desvíos de dinero público.

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El principal objetivo del proyecto denominado ‘No Más Contrataderos’, es eliminar las prácticas corruptas dentro de las entidades de régimen especial, conocidas como ‘contrataderos’, que eluden el régimen general de contratación.

Esta propuesta también contempla que la Contraloría General de la República ejerza control sobre los recursos destinados a la Ungrd.

“Este proyecto quiere poner freno a la instrumentalización de entidades con régimen especial que, durante años, han utilizado la contratación directa para elegir a contratistas de manera fraudulenta, evadiendo los procesos competitivos, públicos y transparentes”, dijo Avendaño.

Un comunicado de prensa emitido por el congresista aclara que la propuesta busca garantizar que las contrataciones se realicen bajo los principios de justicia y transparencia.

Según un comunicado expedido por el representante Avendaño “este proyecto marcaría el fin de las llamadas ‘contrataciones a dedo’ o contratos amarrados que, en algunas instituciones, logran evadir las normas establecidas y burlar los procedimientos de contratación”.

Cristian Avendaño, el representante detrás de la propuesta, destacó la necesidad de poner freno a la instrumentalización fraudulenta de entidades con régimen especial. “Queremos evitar que se elijan contratistas de manera fraudulenta mediante la contratación directa, eludiendo los procesos competitivos y transparentes”, mencionó Avendaño.

El proyecto también apunta a reformar el Estatuto de Contratación de la Administración Pública para fortalecer el principio de transparencia en la gestión de contratos estatales. Entre las medidas propuestas, destaca la implementación de un control judicial destinado a verificar que las entidades territoriales no declaren una calamidad pública donde no exista realmente.

“Realizan contrataciones a dedo porque cuentan con un manual de contratación que se rige casi por el derecho privado, lo que les permite eludir la Ley y evitar el proceso de licitación a través de convenios interadministrativos. Esto no lo podemos permitir más,” añadió Avendaño.

Así mismo, el representante Avendaño puntualizó que el control propuesto por la Contraloría se llevará a cabo mediante mecanismos de denuncia, publicidad y control inmediato sobre los recursos. Además, se adoptarán nuevas herramientas para supervisar y controlar los contratos, garantizando la participación igualitaria de todos los interesados y un seguimiento riguroso de las ofertas presentadas.

La Unidad de Gestión del Riesgo es señalada como uno de los principales puntos de controversia en la administración de recursos públicos. Esto llevó al representante a la Cámara a anunciar la implementación de un control judicial estricto con el fin de salvaguardar los fondos manejados por esta entidad gubernamental.

El congresista Cristian Avendaño explicó que se ha observado un patrón preocupante donde algunas entidades territoriales podrían estar inventando situaciones de calamidad pública para validar la contratación directa y así desviar fondos públicos. Para combatir esto, se implementará un sistema judicial que verificará estos procesos de contratación, para asegurar la transparencia y correcta utilización de los recursos destinados a la gestión del riesgo.

Además, se fortalecerá la vigilancia que ejerce la Contraloría General de la República. La entidad tendrá a su disposición nuevos mecanismos de denuncia, publicidad y control inmediato sobre los recursos administrados por la Unidad de Gestión del Riesgo. Estas medidas buscan asegurar que los fondos destinados a prevenir y gestionar riesgos no sean malversados y verdaderamente lleguen a las comunidades que los necesitan.

El representante destacó que la Unidad de Gestión del Riesgo es actualmente una de las mayores plataformas de contratación dentro del gobierno, lo cual la hace un blanco propenso para actos de corrupción. De ahí la necesidad urgente de implementar medidas de control más rigurosas y efectivas. “Implementaremos un control judicial para verificar que las entidades territoriales no inventen calamidades públicas y se roben el dinero a través de la contratación directa”, añadió.

Estas medidas buscan no solo prevenir la corrupción y el uso indebido de los recursos públicos, sino también fomentar una mayor confianza en las instituciones encargadas de gestionar riesgos y proteger a las comunidades vulnerables ante desastres naturales y otras emergencias.