Procuraduría investigará a funcionarios de alcaldías locales de Bogotá que habrían extorsionado a comerciantes

A inicios de agosto se destapó un escándalo en la capital del país por cuenta de las denuncias ciudadanas sobre casos de extorsión por parte de funcionarios de alcaldías locales. El jueves 15 de agosto la Procuraduría General de la Nación anunció que ya se tomaron las primeras medidas en este caso.

De acuerdo con el Ministerio Público, aunque en un inicio se creyó que los involucrados eran falsos funcionarios, se trataría de personas que sí ocupan cargos en las administraciones locales de la ciudad.

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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación a varios funcionarios de las alcaldías locales de Bogotá quienes supuestamente estarían exigiendo pagos extorsivos a comerciantes y ciudadanos de diversas localidades.

Entre las alcaldías implicadas figuran las de Antonio Nariño, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe, donde los servidores públicos, al parecer, solicitan dinero a los propietarios de establecimientos comerciales para evitar el cierre de sus negocios.

“El ente disciplinario conoció en medios de comunicación que, al parecer, funcionarios públicos de las alcaldías locales de Antonio Nariño, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe solicitan dineros a los comerciantes”, reveló la Procuraduría.

Esta práctica no se limita únicamente a los comerciantes, pues funcionarios también estarían visitando hogares donde se realizan remodelaciones, demandando permisos bajo la amenaza de sellar las casas en caso de no recibirlos.

Además de las acusaciones de extorsión, se investiga si estos funcionarios estarían utilizando un cartel para sellar viviendas en casos de remodelaciones o arreglos sin los permisos requeridos.

“La Procuraduría primera distrital averigua si los servidores llegan a las casas de personas o familias que estén haciendo remodelaciones u arreglos exigiendo los permisos y sino son entregados se sella con un cartel”, dice un comunicado emitido por el Ministerio Público.

Las pruebas pertinentes para esclarecer estos hechos fueron ordenadas por la autoridad disciplinaria, en un intento por determinar la veracidad de estas denuncias y las acciones específicas de los funcionarios implicados. En palabras de la Procuraduría, “la autoridad disciplinaria ordenó la práctica de pruebas pertinentes para esclarecer las acciones que son objeto de investigación”.

Los bogotanos continúan enfrentando una creciente sensación de inseguridad en la capital, especialmente en áreas como la localidad de Antonio Nariño, donde se han reportado numerosos casos de extorsión bajo la apariencia de funcionarios distritales. La situación se agrava con cifras alarmantes de hasta 23 robos por hora y más de treinta mil denuncias por hurto presentadas ante la Secretaría de Seguridad.

La engañosa actividad de personas que se hacen pasar por trabajadores del distrito ha llevado a los comerciantes a desconfiar incluso de las intervenciones municipales legítimas.

Ricardo Barrera, líder del gremio de comerciantes de Antonio Nariño, expuso la magnitud del problema a Noticias Caracol. Barrera detalló múltiples casos de hombres con chaquetas de la alcaldía que se presentan en los comercios con carteles de sellamiento, exigiendo grandes sumas de dinero a cambio de no clausurar los establecimientos. Esta situación ha generado un temor generalizado entre los comerciantes, quienes muchas veces optan por no denunciar debido al miedo a represalias.

Un residente anónimo relató cómo los falsos funcionarios exigen dinero para evitar multas arbitrarias. “La gente vive denunciando visitas de funcionarios a extorsionarlos permanentemente, les piden plata. Yo quiero que ellos aparezcan para denunciar, pues esta es la única forma de controlar este flagelo”, señaló.

A pesar de la desconfianza y las amenazas, algunas evidencias han salido a la luz. Una cámara de seguridad logró capturar el momento en que un individuo que supuestamente estaba disfrazado de funcionario municipal instalaba un cartel de sellamiento en una vivienda de la localidad, mientras exigía dinero a los propietarios que realizaban reparaciones en su inmueble.

El presente escenario inquietante en Bogotá revela un panorama donde la percepción de inseguridad ha crecido hasta puntos alarmantes, exacerbada por actividades fraudulentas. Es crucial, como reclaman los ciudadanos y liderazgos locales, una intervención efectiva y transparente de las autoridades para restablecer la confianza y asegurar a la población.