Exministra Irene Vélez tendría que dejar su cargo como cónsul en el Reino Unido: Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudiará demanda que busca tumbar su nombramiento

La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó una demanda en contra del nombramiento de Irene Vélez como cónsul en Londres, Reino Unido.

La acción judicial busca anular el decreto presidencial de su designación, argumentando varias irregularidades en la hoja de vida de la exministra de Minas.

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Según W Radio, medio que pudo ver el documento, entre las inconsistencias señaladas se encuentra la presunta falta de publicación oportuna de su currículum en la página de la Presidencia, lo que impidió verificar sus credenciales académicas y profesionales.

Según el documento presentado por la abogada Ximena Echavarría Cardona, Vélez no cumplió con el requisito de demostrar conocimiento de un segundo idioma, tal y como exige la normativa para cargos diplomáticos.

Además, se precisa que en la documentación cargada no se encuentra la declaración de bienes y rentas correspondiente al año anterior, ni el formato de hoja de vida de la Función Pública, ambos obligatorios por ley.

“Se logra evidenciar que en la documentación cargada no reposa la declaración del impuesto sobre la renta con vigencia del año inmediatamente anterior, así como tampoco se evidencia el formato de hoja de vida de la Función Pública, los cuales, según la ley, son documentos que contienen información de obligatoria divulgación”, agregó la abogada Ximena Echavarría.

El expediente remitido al tribunal también señala que Vélez aspiraba a ser cónsul general central y no consejera de relaciones exteriores. No obstante, el presidente Gustavo Petro la posesionó provisionalmente para que asumiera funciones de cónsul, lo que genera dudas sobre la legalidad del procedimiento seguido.

El auto de once páginas que admite la demanda está firmado por los magistrados Moisés Mazabel, quien estudiará la acción de nulidad, y César Chaparro.

El caso de la exministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, ha captado la atención mediática luego de que la Procuraduría General de la Nación le formulara un pliego de cargos que podría llevarla a un juicio disciplinario.

La exfuncionaria fue acusada de haber utilizado su cargo para favorecer a su hijo en un procedimiento migratorio, según el documento de 47 páginas que se conoció el 4 de abril.

Vélez, quien ocupaba el cargo de ministra de Minas y Energía en enero de 2023, supuestamente usó su influencia para lograr que su hijo pudiera viajar a Suiza desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios.

La acusación se basa en el numeral 8 del artículo 62 del Código General Disciplinario (CGD), que menciona la utilización de influencias derivadas del cargo para obtener beneficios personales.

La formulación del pliego de cargos es el primer paso del proceso disciplinario que podría culminar en una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante varios años. Este desenlace depende de una investigación exhaustiva y de un eventual juicio que confirmaría o desestimarían las acusaciones.

La defensa de la exministra insiste en que la investigación es exagerada y que la situación no justifica el procedimiento iniciado por la Procuraduría.

El más reciente capítulo en el proceso de nombramiento de Sebastián Guanumen Parra como embajador de Colombia en Chile ha suscitado controversias y ahora enfrenta una acción de nulidad interpuesta en su contra.

El magistrado Luis Norberto Cermeño del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un auto informando que la Sección Primera estudiará dicha acción, según informó W Radio.

Esta demanda fue presentada por el abogado Juan Sebastián Camargo en julio pasado y destaca diversas irregularidades en el nombramiento de Guanumen. Camargo argumenta que Guanumen fue designado como embajador extraordinario, un título que la Cancillería había desmentido al afirmar que su cargo era “consejero de relaciones exteriores”.

Esta inconsistencia, según la demanda, contradice el Decreto 0755 del 18 de junio de 2024, firmado por el presidente Gustavo Petro.

El proceso de nombramiento ha sido cuestionado principalmente por no seguir los procedimientos adecuados para incorporar a personas fuera de la carrera diplomática. La normativa vigente exige al menos ocho años de experiencia en asuntos diplomáticos para dichos cargos, mientras que Guanumen contaría con solo cinco años, planteando una discrepancia que ha sido parte central del argumento de la acción de nulidad.