Por problemas con las cédulas de extranjería, demandaron a la Imprenta Nacional y Migración Colombia

El Tribunal de Cundinamarca aceptó una demanda de la Fundación para el Estado de Derecho que, si bien no pide la nulidad de la contratación existente, exige que las entidades presenten un plan para garantizar la correcta prestación del servicio para los extranjeros

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La demanda fue aceptada ante el Tribunal de Cundinamarca contra la Imprenta Nacional, Migración Colombia y una dependencia de la Cancillería - crédito SEDBOYACA.GOV.CO.
La demanda fue aceptada ante el Tribunal de Cundinamarca contra la Imprenta Nacional, Migración Colombia y una dependencia de la Cancillería - crédito SEDBOYACA.GOV.CO.

No paran los líos para la Imprenta Nacional después de que quedara seleccionada para producir y distribuir los pasaportes desde el 2025, a pesar de las repetidas denuncias por las irregularidades y falta de experiencia para producir el documento nacional que, por cierto, se hace a través de una alianza con la mexicana Accesos Holográficos.

De hecho, los inconvenientes se vienen presentando desde marzo de 2024, cuando logró suscribir un contrato con Migración Colombia y la Cancillería para expedir las cédulas y pasaportes de extranjería después de que dejaran a la internacional Thomas Greg & Son por fuera de la licitación. En ese momento, Migración Colombia canceló el proceso de contratación y dejó la producción del documento a la imprenta.

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En abril, cuando el documento quedó a cargo de la Imprenta Nacional, empezaron las quejas por la calidad de las cédulas, además de fallas para garantizar la seguridad. Por eso, el Tribunal de Cundinamarca admitió una demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia) contra Migración Colombia, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, debido a presuntas irregularidades en los procesos de contratación para la expedición de cédulas de extranjería y pasaportes.

De acuerdo con la Fundación, “en la estructuración y ejecución de los procesos de contratación para la expedición de cédulas y libretas de pasaportes se han presentado serias irregularidades que ponen en riesgo la prestación del servicio público de expedición de estos documentos”. La acción popular tiene como objetivo la protección de los derechos colectivos al acceso eficiente y oportuno a los servicios públicos, la moralidad administrativa y la libre competencia económica.

Imprenta Nacional asumió la producción de la cédula de extranjería desde el mes de abril de 2024 - crédito Registraduría
Imprenta Nacional asumió la producción de la cédula de extranjería desde el mes de abril de 2024 - crédito Registraduría

La demanda presentada por FEDe. Colombia señala también que las entidades involucradas han utilizado contratos interadministrativos de manera indebida para triangular con terceros en la ejecución de estas actividades. Según la acción, “se ha eludido el deber de licitar la prestación de los servicios y se ha usado indebidamente la contratación directa”.

Un ejemplo concreto destacado en la demanda es el contrato suscrito entre Migración Colombia y la Imprenta Nacional para la producción de cédulas de extranjería. Según argumenta la demanda, la Imprenta Nacional carece de la organización, tecnología, recursos, personal e infraestructura necesarios para asumir esta tarea.

Como resultado, la imprenta subcontrató la totalidad de las obligaciones a Accesos Holográficos de Colombia, una entidad cuya idoneidad técnica, financiera y de experiencia para ejecutar el contrato es incierta. FEDe. Colombia sostiene que “no se abrió un proceso de selección, conforme lo ordena la Ley 80 de 1993, que permitiera elegir de manera objetiva la mejor oferta”.

Asimismo, se señaló que Accesos Holográficos no presentó la cotización más económica y no hay evidencia de que su oferta sea la mejor por otras razones. “La acción señala que las irregularidades en los procesos de contratación de la expedición de cédulas de extranjería y de libretas de pasaporte ponen en riesgo la continuidad de estos servicios, que son esenciales para los colombianos que pretenden salir del país o para los extranjeros que viven y residen en Colombia”, comentó Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho.

La Imprenta Nacional también se quedará con la expedición de los pasaportes a partir del 2025 - crédito Jesús Avilés/Infobae
La Imprenta Nacional también se quedará con la expedición de los pasaportes a partir del 2025 - crédito Jesús Avilés/Infobae

La demanda también aborda las inconsistencias relacionadas con las libretas de pasaporte. Hay incertidumbre sobre el estado de las licitaciones públicas 001 y 003 de 2023 y el uso del convenio CV - 006 de 2024 entre el Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional para adjudicar la expedición de los pasaportes. Además, se cuestiona la capacidad de la empresa estatal para ofrecer este servicio y la legitimidad de la empresa privada Accesos Holográficos Sucursal Colombia para cumplir con el contrato.

De hecho, en un reciente debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, se reveló que la Imprenta Nacional asumirá la expedición de pasaportes en Colombia a partir de 2025. Esto ha aumentado los cuestionamientos sobre la capacidad de la Imprenta Nacional de garantizar el servicio, especialmente considerando que el contrato actual vence en octubre próximo.

Con esta acción popular, el demandante busca que se ordene al Fondo Rotatorio y a Migración Colombia estructurar y ejecutar acciones concretas que garanticen la continuidad de la prestación de estos servicios públicos.

Además, se pretende determinar si la celebración de los contratos interadministrativos mediante contratación directa fue utilizada por las entidades estatales como mecanismo para evadir o vulnerar los procedimientos de selección del contratista bajo los parámetros del Estatuto General de Contratación.

“Con la acción no se pretende la nulidad de los contratos suscritos por las entidades demandadas para la expedición de las cédulas de extranjería y de los pasaportes”, sino que busca la adopción de medidas necesarias para evitar que las decisiones y conductas referidas continúen de forma improvisada, en detrimento de la prestación del servicio público, del patrimonio, de la moralidad administrativa y de la libre competencia, argumentó la organización demandante.

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