Bernardo Moreno, exsecretario de Presidencia en el Gobierno Uribe, tiene orden de captura: la Corte Suprema de Justicia ordenó detenerlo

La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del exsecretario de la Presidencia de la República Bernardo Moreno por el escándalo conocido como ‘yidispolítica’.

De acuerdo con Semana, la orden ya fue notificada en medio del proceso que se llevó a cabo por varios años contra el exsecretario de Presidencia en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), ahora debe definir el sitio de reclusión en donde tendrá que permanecer Bernardo Moreno.

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El caso está relacionado con la decisión de hace dos semanas, cuando la Corte Suprema notificó una pena de cinco años de prisión, y una multa de 139 salarios mínimos legales vigentes.

A través de su cuenta de X, el alto tribunal indicó que “la Sala Penal dejó en firme la condena contra Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por el delito de tráfico de influencias de servidor público”.

El caso contra Bernardo Moreno inició entre 2004 y 2010, cuando el exsecretario de Presidencia influyó en al menos cinco personas allegadas a Yidis Medina Padilla, con el propósito de que fueran nombrados a entidades públicas. El caso es conocido como ‘yidispolítica’.

Todos los favores políticos llevaron a que Yidis Medina votara favorablemente para la reelección del expresidente Álvaro Uribe para el periodo 2006-2010. El proyecto modificó la Constitución Política.

Cundo se conoció la condena contra Bernardo Moreno, el líder del Centro Democrático salió en defensa del exsecretario, calificándolo como un “hombre correcto”, ya que según Uribe, “no se ha robado un peso”.

“Lo condenan porque supuestamente intrigó nombramientos, no obstante que los nominadores negaron haber recibido la presión. El supuesto delito debería estar prescrito, pero cambiaron la jurisprudencia, hablan de un delito continuado para intrigar nombramientos; antes la Corte aceptó la prescripción, ahora cambió y dijo que no por variación de la pena. ¡En qué quedan los Derechos Constitucionales a la Igualdad y al Debido Proceso! Y siguen en la impunidad los “próceres” de Odebrecht”, aseveró el exmandatario.

La condena contra Bernardo Moreno por parte de la Corte Suprema de Justicia precisa que para lograr los votos de la reelección de Uribe en el Congreso de la República, finalizó en “asuntos internos de las entidades directamente o a través de sus asesores, el envío de las hojas de vida con su visto bueno, las llamadas telefónicas realizadas a los directores de la Red de Solidaridad Social y del Sena, a las presidentas de Etesa y al superintendente de Notariado y Registro, las citas que procuró a Yidis, la atención directa a esta, ocasión en que le presentó a sus recomendados y las reuniones en ‘voz baja’”.

La Corte Suprema de Colombia sentenció en abril de 2015 a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio a 80 meses de prisión y a Alberto Velásquez Echeverry, exsecretario, a 60 meses, por el delito de cohecho relacionado con la aprobación de una reforma legislativa. Además, se les impuso multas y se les prohibió ejercer cargos públicos.

La condena a cinco años de cárcel se suma a la aplicada en abril de 2015 cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al exdirector del Dapre a ocho años de prisión, tras resultar salpicado en las llamadas ‘chuzadas’ por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra magistrados, congresistas y periodistas.

De acuerdo con el alto tribunal, Moreno accedió a información confidencial recopilada por varios agentes de la extinta entidad gubernamental, que seguían órdenes de la exdirectora María del Pilar Hurtado Afanador, con el fin de llevar a cabo una campaña de desprestigio contra personas contrarias a las ideas del Gobierno nacional.

Ante la participación de Bernardo Moreno, la Corte lo encontró culpable de los delitos de concierto para delinquir, determinador de varios delitos de violación ilícita de comunicaciones. Igualmente, concluyó que cometió crímenes relacionados con abuso de función pública y de autoridad por actos arbitrarios e injustos.