En la mañana de este jueves 15 de agosto se conoció, a través de las redes sociales del Partido Liberal, la carta que le escribió César Gaviria, expresidente de la República, a Gerson Chaverra Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Allí, entre otros temas, habla de una “rebeldía” del presidente Gustavo Petro hacia fallos judiciales relacionados con las reformas que se impulsan desde el Ejecutivo.
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“He constatado con enorme preocupación que, a lo largo de estos dos años, el gobierno del presidente Petro ha incrementado sus posturas contrarias a la Constitución y al debido respeto a las instituciones democráticas. He expresado mi desacuerdo con las tendencias autoritarias del presidente Petro. El gobierno ha desconocido los fallos de la Corte Constitucional y las decisiones ya aprobadas por comisiones Constitucionales del Congreso”, expone en el texto.
Gaviria cuestiona la falta de respeto del Ejecutivo hacia las instituciones democráticas y las decisiones de la Corte Suprema, lo que, en su opinión, pone en riesgo la estabilidad del Estado de derecho en el país.
Gaviria critica que el gobierno Petro ha desatendido sentencias clave del alto tribunal, señalando específicamente el caso de la reforma a la salud. Según Gaviria, el ministro de Salud no ha respetado la decisión de la Comisión Séptima del Senado, que busca garantizar la continuidad del derecho a la salud. Esta decisión, argumenta, debería haber sido revisada por las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, como lo exige la Corte.
El expresidente destaca que las sentencias de la Corte han sido esenciales para el desarrollo de la Constitución de 1991, y advierte que el actual gobierno ha optado por no cumplir con estas decisiones, lo que constituye un ataque a la separación de poderes. Gaviria señala que el incumplimiento de los fallos de la Corte, así como las críticas públicas del presidente Petro hacia la misma, representan un “golpe blando” contra la Constitución y las instituciones democráticas de Colombia.
“La Corte Constitucional tiene la función de salvaguardar la supremacía e integridad de la Constitución. Los demás poderes públicos, en especial el Ejecutivo, deben no solo respetar, sino también cumplir sus fallos. Sin embargo, el actual gobierno nacional ha cumplido las decisiones de la Corte Constitucional de manera parcial. El ministro de Hacienda ya informó que no pagará las deudas del 2022, y el gobierno tampoco parece dispuesto a acatar las decisiones tomadas por las comisiones Constitucionales del Congreso. En el caso de la salud, las decisiones de la Comisión Séptima del Senado disponen conservar lo que resta del actual sistema”, señaló.
En su carta, el líder del Partido Liberal denuncia que el Gobierno ha ignorado sus obligaciones constitucionales, especialmente en relación con la financiación del sistema de salud. Menciona que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha informado que no se pagarán las deudas del 2022 y que el gobierno de Petro no parece dispuesto a acatar las decisiones tomadas por las comisiones constitucionales del Congreso. Además, resalta la inacción del Ejecutivo en actualizar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y en realizar los desembolsos correspondientes a los Presupuestos Máximos, lo que ha contribuido al colapso de varias Entidades Prestadoras de Salud (EPS).
El expresidente también aborda la situación en las regiones más marginadas del país, señalando que no han recibido el tratamiento especial necesario para asegurar que el sistema de salud llegue a estas zonas. Critica la decisión del Gobierno de producir medicamentos internamente, lo que ha llevado a una escasez significativa de suministros médicos, afectando gravemente a los pacientes que requieren atención especial.
Finalmente, Gaviria hace un llamado a rechazar las actitudes de rebeldía de los ministros del gobierno frente a la Corte y reitera la importancia de respetar las sentencias judiciales como base para cualquier acuerdo político. Subraya que el cumplimiento de las providencias judiciales y el respeto por el pluralismo democrático son esenciales para la legitimidad y funcionamiento del Estado de derecho en Colombia.