Carlos Mattos enfrentará nuevas acusaciones por salidas clandestinas de La Picota: conozca los detalles de la audiencia

El empresario colombiano Carlos Mattos se enfrenta a nuevas imputaciones por salidas clandestinas de la cárcel La Picota en 2022, donde cumplía una condena relacionada con el denominado ‘caso Hyundai’. La Fiscalía General de la Nación confirmó que el 27 de agosto de 2024 se llevará a cabo una audiencia crucial en la que se le imputarán nuevos cargos a partir de las 9:00 a. m.

Mattos estuvo involucrado en una serie de salidas no autorizadas de La Picota mientras tenía medida privativa de libertad. Estos traslados ocurrieron cuando el empresario asistió a citas médicas y, sorprendentemente, aprovechó las ocasiones para realizar visitas a su oficina en el norte de Bogotá. Este hecho llevó a la Fiscalía a ampliar las investigaciones y presentar nuevas acusaciones contra él.

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El proceso judicial en cuestión se centra en el período de 2022, cuando Mattos, aparentemente aprovechó su situación para realizar actividades fuera de la cárcel sin los permisos correspondientes. La Fiscalía argumenta que el empresario ejerció presiones indebidas sobre los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para facilitar sus traslados, lo que habría violado las normativas de seguridad y libertad condicional.

El caso tuvo implicaciones significativas, no solo para Mattos, sino para el personal del Inpec. En efecto, las irregularidades en la custodia y el transporte del encarcelado llevaron a la destitución del entonces director de la entidad, Mariano Botero Coy. El escándalo puso en evidencia deficiencias en la gestión penitenciaria y provocó un debate público sobre la corrupción dentro de las instituciones encargadas de la justicia y la seguridad.

Carlos Mattos, antiguo representante legal de Hyundai, fue ingresado en La Picota después de ser declarado culpable de sobornos a funcionarios judiciales. Estos sobornos, que incluían pagos millonarios a jueces, estaban destinados a asegurar medidas cautelares favorables en una disputa con sus socios de Hyundai. Este esquema de corrupción fue diseñado para favorecerlo en un proceso administrativo que buscaba mantener su control sobre la representación legal de la empresa automovilística.

En marzo de 2022, las investigaciones revelaron una serie de irregularidades asociadas a la detención de Mattos, pues los informes indicaron que el empresario gozaba de privilegios especiales dentro de la prisión. Aparentemente, tenía la posibilidad de salir en horarios específicos y en compañía de miembros del Inpec, lo que generó un ambiente de sospecha sobre la gestión de su encarcelamiento.

Las salidas de Mattos, en particular sus visitas a un edificio en el norte de Bogotá, como se menciona anteriormente, donde se reunía con su hermano, Edward Mattos, y sus abogados, generaron un amplio debate público y llevaron a la destitución de Mariano Botero Coy, entonces director del Inpec. La controversia no se limitó al exfuncionario, ya que también se produjo la remoción de Wilmer Valencia, que era el director de La Picota en ese momento.

En respuesta a las denuncias de corrupción y mal manejo, el exministro de Justicia Wilson Ruiz había pedido el traslado de Mattos a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, un centro penitenciario conocido por sus medidas de seguridad más estrictas. Esta decisión buscaba garantizar que el empresario enfrentara su condena en un entorno más controlado y menos susceptible a influencias externas.

Desde su traslado, la Fiscalía intensificó la recopilación de pruebas, como videos y testimonios que pretenden desentrañar la red de corrupción que permitió a Mattos operar con una aparente impunidad. Los elementos recolectados hasta ahora fueron cruciales para el fortalecimiento del caso en su contra.

A medida que las investigaciones avanzan, se espera que Mattos reciba nuevas imputaciones en 2024. Estos cargos adicionales están relacionados con las recientes revelaciones sobre el manejo irregular de su detención y las pruebas acumuladas que apuntan a una red más amplia de corrupción dentro del sistema penitenciario y judicial.