Por culpa del bloqueo armado del ELN, niña de un año falleció en el sur de Chocó

En el sur del departamento de Chocó la situación es alarmante. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) estableció un bloqueo armado que mantiene confinadas a cerca de cincuenta mil personas en áreas rurales de Istmina, Sipí, Nóvita, Medio San Juan y Litoral del San Juan.

En la mañana del jueves 15 de agosto se reportó un trágico incidente que ilustra la gravedad de la situación: Una niña indígena de 16 meses falleció en el municipio de Istmina porque el grupo armado impidió su traslado a un hospital, por lo que la niña no pudo ser atendida por los médicos.

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Isabella Piraza Pizario, menor de edad, falleció en zona rural del municipio tras no poder recibir atención médica oportuna debido al riesgo latente para las comunidades de la región a causa del paro armado, según informó el alcalde Jeison Mosquera a Blu Radio.

Además, el mandatario local informó que la menor vivía en la comunidad indígena de San Cristóbal, situada a unas dos horas y media por lancha de la zona urbana del municipio. El traslado se dificultó por el temor y la zozobra que persisten ante posibles enfrentamientos y represalias del grupo guerrillero por incumplimiento de sus medidas.

Desde el domingo 11 de agosto, el ELN impuso el paro armado en seis municipios del Chocó, afectando directamente a 85 comunidades. Istmina, una de las poblaciones más vulnerables y pobres del departamento, ha sido la más perjudicada. A pesar de los reiterados llamados, la crisis humanitaria parece no tener solución.

Las imágenes recientes del territorio muestran pueblos fantasmas y embarcaciones abandonadas a las orillas de los ríos, todo debido al temor generado por los grupos armados entre la población civil. Desde hace cuatro días, las calles de los pueblos están desiertas a causa de la “ley del terror” que impide la movilización de las personas en la región.

A esta crítica situación se añade otro drama: el desplazamiento forzado. El martes 13 de agosto, llegaron a Istmina setenta personas obligadas a abandonar sus viviendas en la zona rural de Sipí debido al bloqueo impuesto por el grupo armado. Entre los desplazados habían al menos cincuenta niños que reciben atención de las autoridades municipales.

El alcalde Jeison Mosquera hizo un llamado urgente al gobierno nacional, denunciando la falta de apoyo y la desatención hacia la crisis humanitaria que azota la región.

“Quisiera, la verdad, decirte que estamos bien, pero es imposible. Me siento angustiado, siento que el Gobierno nacional me dejó solo en esta lucha”, expresó el mandatario local para el programa Mañanas Blu.

Además, Mosquera manifestó profunda preocupación por la situación, señalando que, a pesar de los esfuerzos por brindar asistencia, las restricciones impuestas por los grupos armados han impedido que la ayuda llegue a las comunidades más necesitadas.

La situación en Istmina ha empeorado con el pasar de los días. Mosquera explicó que debido a la violencia y las amenazas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), muchos residentes han sido desplazados hacia el casco urbano del municipio, donde se han visto obligados a dormir en las calles por la falta de refugio.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente para que se respeten los derechos fundamentales de los habitantes de las cabeceras municipales y sus jurisdicciones rurales de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan. Un total de 85 comunidades afro e indígenas se encuentran en situación de confinamiento.

Según la entidad, 7.500 de estas comunidades están doblemente afectadas por la agudización del conflicto armado y factores ambientales asociados al cambio climático, lo que deriva en una emergencia humanitaria.

De acuerdo con el organismo, estos hechos ponen en riesgo el ejercicio de derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales de los pueblos étnicos. Las personas están expuestas a confinamientos reiterados, restricciones a la movilidad, accidentes con minas antipersonal y desplazamientos forzados.

Además, el acceso limitado a servicios esenciales como alimentación, salud y educación, en combinación con el desbordamiento e inundación del río San Juan, agravan la situación.