Superintendencia de Industria y Comercio emitió nuevas medidas para detener la explotación sexual de menores en alojamientos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) implementó medidas de control para prevenir la explotación sexual comercial de menores en alojamientos no turísticos.

Estas nuevas reglas incluyen la exhibición obligatoria de un Código de Conducta y avisos de advertencia en los establecimientos, según reportó la entidad.

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El Código de Conducta, que es parte de las iniciativas del Gobierno nacional en seguridad humana y justicia social, se dirige específicamente a lugares como moteles y residencias que ofrecen servicios de alojamiento por horas.

0La SIC, a través de su Delegatura para la Protección del Consumidor, involucró a diferentes actores del sector para elaborar este código, convocando reuniones en ciudades como Bogotá y Medellín.

Los propietarios, representantes legales y administradores de estos establecimientos deberán adoptar estrictas medidas de control. Una de las medidas destacadas es la prohibición de utilizar publicidad que, expresa o subrepticiamente, sugiera la disponibilidad de servicios sexuales con menores.

Además, se requiere que todos los usuarios que soliciten servicios de alojamiento presenten sus documentos de identificación, con el fin de verificar la mayoría de edad de los huéspedes.

Las reuniones iniciales para la elaboración de este proyecto se realizaron el 25 de junio de 2024 en Bogotá, con la participación de representantes del sector de alojamientos no turísticos y de la Policía de Infancia y Adolescencia. Posteriormente, el 2 de julio, una segunda reunión tuvo lugar en Medellín, donde se reafirmó el compromiso del gremio en la lucha contra la explotación sexual de menores.

El proyecto regulatorio fue sometido a comentarios públicos del 12 al 24 de julio de 2024. Luego de este proceso de consulta, la SIC emitió la Resolución No. 45287 de 2024, haciendo obligatorias las nuevas normas establecidas en el Código de Conducta. Esta resolución busca crear un entorno seguro para los niños y adolescentes, protegiéndolos del riesgo de explotación sexual en estos establecimientos.

El código no solo obliga a los establecimientos a exhibirlo de manera visible, sino que también requiere la colocación de avisos de advertencia sobre las graves consecuencias legales de la explotación sexual de menores. La medida refuerza así los derechos de la infancia en Colombia, enviando un mensaje contundente de cero tolerancia hacia este flagelo.

La adopción de estas nuevas directrices regulatorias refleja un esfuerzo nacional coordinado para combatir un problema profundamente arraigado y preocupante en el país. La implementación efectiva de estas medidas está destinada a proteger a los menores y garantizar que los ámbitos de alojamiento no turístico se mantengan libres de actividades ilícitas relacionadas con la explotación sexual.

En Medellín, una mujer fue condenada a más de 25 años de cárcel por forzar a su hija menor de edad a mantener relaciones sexuales y cometer otros abusos durante cinco años. Este caso conmocionó a la comunidad del barrio La Cruz, en la comuna 3 Manrique, donde se perpetraron los delitos.

La pesadilla de la niña comenzó en 2017, cuando solo tenía ocho años, y continuó hasta el 2021. La madre, cuyo nombre no fue revelado, amarraba y vendaba los ojos de la menor para que no pudiera reconocer a sus agresores. Las pruebas recabadas por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) lograron demostrar la culpabilidad de la mujer en el delito de proxenetismo con menor de 14 años agravado.

La Fiscalía detalló que, además de las agresiones sexuales, la niña fue quemada con cigarrillos por resistirse a los abusos. Los investigadores judiciales documentaron que estos actos ocurrieron hasta tres veces al día, lo cual se consignó en el expediente del caso.

El proceso judicial también involucró al padrastro de la víctima, quien fue condenado a 21 años y cuatro meses de prisión por acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Desde febrero del año pasado, ambos culpables están privados de la libertad y enfrentaron un juicio cuya primera sentencia fue apelada por sus defensas, pero finalmente se confirmó su responsabilidad.

Este caso se da dentro de un panorama preocupante para el Valle de Aburrá, donde las autoridades reciben en promedio 44 denuncias semanales de abuso sexual. Sin embargo, se teme que haya un alto subregistro, ya que muchas víctimas no denuncian por miedo, incredulidad en las instituciones o dependencia económica y emocional de los agresores.

Los perpetradores en estos casos de abuso sexual son con frecuencia miembros del entorno familiar cercano, como padres, padrastros, tíos, primos, abuelos o hermanos. La Fiscalía destacó la importancia de crear un ambiente seguro para que las víctimas sientan la confianza de denunciar y recibir el apoyo necesario para su protección y recuperación.