Catherine Juvinao comparó reforma pensional con el código electoral: “Cuando las cosas se hacen mal, salen mal”

El anuncio del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, de la Corte Constitucional, que admitió para estudio la demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, en relación con la reforma pensional, generó fuertes reacciones en el espectro político nacional. Y todo porque la iniciativa, que fue aprobada sin someterse a discusión en el cuarto y último debate, podría registrar vicios de procedimiento.

Una de las congresistas que se refirió a este asunto e, incluso, se atrevió a compararla con el código electoral, fue la representante a la Cámara Catherine Juvinao, del partido Alianza Verde, que a través de sus redes sociales habló de la suerte que le espera a este proyecto de ley. Y es que, en caso de comprobarse que tuvo irregularidades en su gestión, significaría un nuevo revés para el Gobierno de Gustavo Petro.

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“Spoiler alert: el trámite de la reforma pensional en Cámara fue mucho más burdo que el del código electoral. Cuando las cosas se hacen mal, buscando aplausos de momento a punta de populismos, pues salen mal”, afirmó la congresista, en lo que respecta a la decisión tomada en la plenaria de la Cámara de adoptar, por falta de tiempo para su discusión, el texto aprobado por el Senado de la República.

Cabe destacar que, en la noche del martes 13 de agosto, la sala plena del alto tribunal declaró inconstitucional la iniciativa del código electoral, promovido en su momento por el registrador nacional para el Estado Civil, Alexander Vega Rocha, y que fue apoyado en su segundo intento por el Ejecutivo, que además intentó sacarlo adelante con mensaje de urgencia, aunque luego desistió en

Lo anterior, debido a que no superó el análisis de impacto fiscal, hubo falta de consulta previa en algunos artículos, entre ellos los que involucran las circunscripciones indígenas, y se dio una elusión del debate; es decir, cuando alguna de las células legislativas omite el análisis o la votación de la iniciativa legislativa, como habría ocurrido.

Según manifestó el togado Ibáñez, el mismo que denunció que sus dispositivos electrónicos estaban siendo intervenidos de manera ilegal, entre los motivos para aceptar la demanda de la senadora Valencia se destacan tres aspectos claves. El primero de ellos, que el proceso no respetó el artículo 157 de la Constitución Política, que habla de los principios de publicidad y discusión, entre otros.

A su vez, a juicio del togado, los artículos 93 y 84,5 de la referida ley no cumplirían con lo definido en el artículo 48 de la Constitución, que garantiza el derecho a una pensión adecuada. Al tiempo que la ley define la creación de un régimen pensional especial para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, raizales, palenqueros y campesinos, que está prohibido en la Carta Magna.

En el auto del magistrado ponente, se ordenó a los secretarios Generales del Senado y de la Cámara de Representantes que entreguen, en un plazo máximo de 10 días, la documentación y grabaciones del trámite legislativo; y, del mismo modo, comunicó de su decisión al presidente de la República, Gustavo Petro, al igual que a los presidentes de las corporaciones para que puedan defender la aprobación.

Es válido precisar que para la senadora Valencia, con su decisión de acoger el texto aprobado por el Senado, sin que hubiese deliberación ni explicación, la Cámara hizo una elusión al debate, por lo que se configuró una de las causales con las que se podría declarar la inexequibilidad de la ley aprobada por el legislativo y promulgada por el jefe de Estado el 16 de julio.