En un nuevo capítulo del caso que sacudió a la política colombiana, Bernardo Miguel Elías, excongresista por el Partido de La U y conocido como Ñoño Elías, fue recluido recientemente en la cárcel de Sincelejo, en el pabellón de exfuncionarios, según reveló la cadena radial La FM. Esta decisión se tomó después de que la Corte Suprema de Justicia confirmara su condena por hechos de corrupción relacionados con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
La recaptura de Elías, realizada el 9 de agosto de 2024 por agentes de policía judicial, fue una acción derivada de la orden emitida por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Esta medida vino a confirmar la sentencia de primera instancia, que lo encontró culpable de varios cargos de corrupción.
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Cabe destacar que, las autoridades judiciales ya habían encarcelado al excongresista Musa Besaile Fayad, que pertenecía al mismo partido político de Elías, por cargos de corrupción similares. La alta corte ordenó que Besaile cumpliera dos años y seis meses de prisión por tráfico de influencias, mientras que el Ñoño enfrentará tres años y dos meses de cárcel por tráfico de influencias y por interés indebido en la celebración de contratos.
El caso del Ñoño Elías no es un incidente aislado, sino que forma parte de una serie de investigaciones y procesos judiciales que buscan destapar la corrupción en las altas esferas de la política colombiana. Fonade, entidad creada para financiar proyectos de desarrollo en todo el país, se convirtió en el centro de un escándalo que implicaba el desvío de fondos y la manipulación de contratos para favorecer a determinados intereses, entre ellos los del excongresista.
Detalles en la investigación de corrupción en la que salió salpicado Elías
La trama de corrupción comenzó con las declaraciones de Jorge Iván Henao, exasesor de la gerencia de Fonade, que colaboró con la Fiscalía General de la Nación a cambio de beneficios judiciales. Según el exfuncionario, se habrían manipulado los procesos para otorgar contratos de manera directa a empresas específicas, como Certicámara.
El caso se remonta a una reunión en 2016, celebrada en el Congreso de la República, en la que participaron el entonces senador Armando Benedetti, ahora embajador de Colombia ante la Fao, y Henao. Según la Fiscalía, en dicha reunión el excongresista solicitó la adjudicación directa de un contrato a Certicámara, ajustándolo a los objetivos de la empresa.
En paralelo, las irregularidades en las que estuvieron implicados los excongresistas Musa Besaile Fayad y Ñoño Elías, señalan que estos políticos recibieron a Fonade como parte de una cuota burocrática del gobierno de Juan Manuel Santos. Los exlegisladores habrían desviado un porcentaje de un contrato de 16.000 millones de pesos, destinado a viviendas de interés social en 2017.
La red de corrupción logró direccionar el contrato de interventoría del programa “Vivienda Gratuita” fase II al consorcio Interviviendas. Este programa, liderado por el gobierno Santos, tenía previsto construir 4.678 hogares en varios departamentos, como Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Quindío y Huila. Hasta ahora, 11 personas fueron procesadas por estos actos.
Además, la Fiscalía destacó que este tipo de prácticas irregulares se vieron facilitadas por un sistema de contratación opaco y arbitrario en Fonade, que permitía la selección de empresas sin criterios objetivos claros. En el caso específico de los excongresistas, hubo un acuerdo previo entre ellos para que Besaile se encargara del contrato de interventoría, evidenciando una vez más el entramado de corrupción que permeó la entidad.
Un aspecto crucial del caso es la implicación de Armando Benedetti, que actualmente enfrenta una investigación en la Corte por este asunto. Algunos testigos lo señalaron como un presunto intermediario en los contratos de Fonade.
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