Senador del Centro Democrático lidera acción popular para tumbar valorización a predios en la Vía al mar propuesta por el Gobierno Petro

La polémica por el cobro de valorización para la vía Barranquilla - Cartagena, anunciado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, ha desatado una oleada de críticas no solo de los sectores políticos, sino de las comunidades aledañas a la carretera nacional.

En el Centro Cívico de la capital del Atlántico, un grupo de ciudadanos, liderado por el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, radicó una acción popular con la que pretende suspender la medida anunciada por la ministra del Transporte, María Constanza García Alicastro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El congresista opositor al Gobierno Petro calificó el cobro de valorización a la Vía al Mar como un atropello a la población del caribe colombiano.

“Estamos radicando nuestra acción popular que busca establecer unas medidas cautelares para que no se atropelle a la gente del Caribe colombiano, principalmente en el Atlántico y Bolívar. Hay muchos afectados y precisamente estos derechos colectivos son los que estamos defendiendo en estos documentos”, explicó el senador Meisel.

Así mismo, el congresista señaló que, con la medida, se verán afectados los ingresos económicos de propietarios y comerciantes de la zona, como restaurantes y hoteles.

“No entiendo cómo se puede afectar dos veces a los ciudadanos por la misma causa. Después de 30 años de construida la obra, ¿por qué ahora se les pide a los ciudadanos que paguen, incluso con la intervención del gobierno nacional, para que los fondos se lleven a Bogotá?”, mencionó Meisel.

Además, el congresista expuso que los pobladores de la vía al Mar estarían siendo obligados a pagar más de 2.3 billones de pesos por la valorización del predio, una cifra que esta contemplada por el mismo Gobierno nacional, y recordó que en años anteriores, muchos de los terrenos ya habían registrado pagos a los entes territoriales, como el caso del municipio de Tubará, Atlántico, donde se impuso un cobro similar en 1989.

“No entendemos cómo la lonja que contrataron concluyó que los precios se han valorizado en 8 billones de pesos”, criticó Meisel.

Finalmente, el senador Carlos Meisel aseguró que tiene plena confianza en que los jueces de la república le darán la razón para anular la medida del Gobierno de Gustavo Petro. “Espero que los jueces comprendan la situación y ejerzan su facultad para anular esta medida”, concluyó.

Esta es la tercera demanda que recibe la medida dada por el Gobierno de Gustavo Petro, después de que el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y un grupo de abogados, en cabeza de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), interpsieran ante la justicia la suspensión del cobro de valorización a la vía al mar.

“Es necesario trabajar en equipo para lograr la anulación de esta medida, y los congresistas están comprometidos con esta tarea”, agregó Meisel.

El cobro de valorización a la Vía al Mar pretende recaudar cerca de $724.000 millones y afectaría entre 52.000 y 240.000 predios en una radio de cinco kilómetros alrededor de la vía al mar y la circunvalar prosperidad.

Ante el Consejo de Estado, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, radicó una tutela contra el Instituto Nacional de Vías (Invías), con el que frenaría el cobro de valorización a los residentes de la vía Barranquilla - Cartagena, conocida como la vía al Mar.

El mandatario señaló que la resolución de la entidad vial “lo hace sin estudios técnicos apropiados para el cobro de esa valorización y frente a eso, pues nosotros no nos podemos quedar callados (...) ya identificamos que hay unas falencias en la resolución y en los documentos que soportan esa decisión, y por ello nosotros tenemos que acudir al amparo legal”.

A su vez, Turbay menciona que esto infringiría el artículo 363 de la Constitución Política. “Están aplicando la valorización a una obra que tiene más de 5 años y frente a ese cobro, lo que sabemos con base en la ley, es que no es posible hacer un cobro de valorización a una obra de más de cinco años”, agregó.

Ante las demandas, el presidente Gustavo Petro defendió la medida, asegurando que existe un “egoísmo social” por parte de un sector del Caribe colombiano.

“¿Por qué la población rica, la mayoría extranjera, que vive en condominios estilo La Florida, no devuelve parte del dinero de una obra hecha por la nación y que les valoriza los predios individuales? ¿El dinero público es acaso, según el presidente del Congreso, para enriquecer a los ricos y no para los pobres del Atlántico y Bolívar? (...) a tal punto de egoísmo social ha llegado la clase política”, cuestionó el mandatario en sus redes sociales.