María Fernanda Cabal puso en duda la transparencia de la UNP e increpó al presidente: “¿Petro tendrá algo para decir?”

Las múltiples irregularidades encontradas en la Unidad Nacional de Protección (UNP) que involucran la indebida utilización de camionetas blindadas que deberían servir como medida de protección para personas en condiciones de peligro, llevaron a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal a cuestionar el presidente Gustavo Petro. Pues, actores armados han sido interceptados movilizándose en vehículos de la entidad.

“¿Qué está pasando con la UNP? Solo este año se reportan estos hechos donde narcos, supuestos líderes, guerrilleros de las FARC y el ELN se movilizan en camionetas del Estado. ¿Petro tendrá algo para decir?”, criticó la congresista de la posición en su cuenta de X.

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La senadora enlistó por lo menos siete hallazgos que han puesto en duda la transparencia y legalidad de la prestación de servicios de protección por parte de la UNP. El primero de ellos registrado el 24 de febrero de 2024, fecha en la que una camioneta de la entidad estaban siendo transportados 74 kilogramos de cocaína. Un firmante de paz identificado como Arlez Porras Gómez, alias Yesid Guevara, fue capturado por estos hechos. El segundo se presentó el 6 de marzo en Antioquia, donde las autoridades de tránsito detuvieron una camioneta oficial en la que había propaganda de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Luego, el 18 de junio, un escolta de la entidad identificado como Yerlin Andrey Giraldo Marín, de 36 años, fue capturado por llevar consigo a una menor de edad en una camioneta oficial, sin su consentimiento, aparentemente, para entregarla a un grupo armado. Los hechos se registraron en el peaje de Betania, ruta Popayán (Cauca) - Tuluá (Valle).

El 23 de julio varios disidentes de las Farc fueron interceptados en una caravana de camionetas de la UNP en Antioquia; algunos de ellos tenían órdenes de captura vigentes. Entre los guerrilleros que se movilizaban en los vehículos estaba Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu; Erlinson Chavarría Escobar, alias Ramiro; y Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Además, en una de las camionetas en cuestión también iba un menor de edad que fue reclutado de manera forzada y que duró cinco años en las filas de la estructura 36 de las disidencias de las Farc. “El menor fue remitido a la Inspección de Permanencia de Bello, Antioquia y después fue llevado al ICBF donde se encuentra en este momento. El reclutamiento es un delito, es un crimen de guerra. Suficiente razón para desmontar ese engañoso cese al fuego”, precisó en su momento en X el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El 8 de agosto, las autoridades detuvieron una camioneta de la entidad asignada al esquema de seguridad del alcalde de Tumaco, Félix Antonio Henao Casanova, en la que encontraron 1.400 cartuchos 9 mm guardados en 28 cajas, así como una pistola y dos proveedores. Al día siguiente, un gobernador indígena del resguardo Awá Hojal La Turbia fue descubierto transportando $230 millones en un vehículo de la entidad. El hombre logró escapar de las autoridades, luego de no poder dar explicaciones sobre la procedencia del dinero.

Finalmente, el 13 de agosto, tropas del Ejército Nacional interceptaron una camioneta en Tame (Arauca) en la que, presuntamente, integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se estaban movilizando. La senadora María Fernanda Cabal indicó que, según datos iniciales, el vehículo pertenecería a la UNP; sin embargo, la entidad desmintió dicha información. “Camioneta inmovilizada en enfrentamiento entre fuerza pública y grupo armado en Tame Arauca no está en base de datos de la UNP. Se trata de un vehículo placas RBQ 144, en donde un grupo armado transportaba a un secuestrado esposado”, explicó la Unidad en X.