Fiscalía investigará el secuestro de los 66 militares en el Guaviare por guardia campesina

En total fueron 66 militares los que estuvieron secuestrados durante cuatro días en la vereda Chuapal, de San José del Guaviare, por un grupo de una guardia campesina.

Por estos hechos, Semana reveló que la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para establecer el modo, tiempo y lugar de lo sucedido. Asimismo, se quiere determinar la responsabilidad de la guardia indígena en los 66 uniformados secuestrados. De acuerdo con La FM, la investigación estará acompañada por agentes de la Policía Judicial.

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El general Raúl Vargas, comandante del Comando Conjunto N.3, confirmó que los militares secuestrados “ya se encuentran en movimiento y rumbo a la libertad”.

Por tal motivo, precisó que “reiteramos que nuestras tropas seguirán desplegadas cumpliendo con las tareas que han sido asignadas en contra de todos los factores de criminalidad en el departamento del Guaviare”.

Alias ‘Diomedes’, integrante de la guardia campesina, indicó que la liberación de los integrantes del Ejército Nacional estaba condicionada al retiro de la fuerza pública en la región.

“Si ustedes dicen que el Ejército se quede ahí, mañana amanecen cercados otra vez; si sigue habiendo atropellos, mañana van a ver a otros soldados cercados”, afirmó. Además, precisó que hizo de las extintas Farc durante 18 años, pero se desmovilizó con el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero en 2016.

Una vez en libertad, el grupo de miembros de la fuerza pública partió hacia un punto de encuentro que se fijó con el comandante de la Fuerza de Tarea Omega. Desde el Ministerio de Defensa confirmaron la noticia y aseguraron que el secuestro de los uniformados fue llevado a cabo por comunidades instrumentalizadas por el bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc.

“Los uniformados estaban cumpliendo su misión constitucional de proteger a la población civil de las extorsiones realizadas por el grupo armado organizado residual”, había comentado el comandante del Ejército Nacional, Luis Emilio Cardozo, en la noche del viernes 9 de agosto, cuando se reportó el secuestro.

No obstante, horas más tarde de darse a conocer la retención, las autoridades confirmaron que un pelotón de los que había sido secuestrado fue dejado en libertad, lo que dejó a más de 60 uniformados aún en poder de la “guardia campesina”. Esto, teniendo en cuenta que, inicialmente, habían sido más de 100 los miembros de la fuerza pública que habían sido retenidos.

Por su parte, el general Raúl Vargas, comandante Comando Conjunto N.3, indicó que los militares estaban protegiendo a la comunidad de los enfrentamientos entre las disidencias encabezadas por alias Calarcá y alias Iván Mordisco, los dos máximos cabecillas del antes llamado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

“Estas tropas que realizan operaciones de estabilidad en la región están evitando que se presenten confrontaciones armadas entre estructuras que obedecen a alias Calarcá y estructuras que obedecen a alias Iván Mordisco, quienes en el momento se encuentran en rivalidad”, afirmó.

Las autoridades reiteraron que, a pesar de este secuestro, las tropas continuarán “trabajando en pro de la seguridad y el bienestar de la población y combatiendo todos los fenómenos de criminalidad”.

Sobre cómo las comunidades lograron detener a los soldados, desde el Ejército Nacional informaron que los pelotones fueron ubicados en las veredas Chuapal, Bocas de Caño Cafra, Charcón, Puerto Nuevo y Alto Cachicamo, para adelantar tareas de estabilidad, puestos de control y patrullajes perimétricos.

Desde las comunidades han indicado que su decisión de retener a los soldados se debe a que existe temor de que las acciones de los uniformados puedan terminar en enfrentamientos contra grupos armados en los que ellos queden en medio de las confrontaciones.

A pesar de estos argumentos, las autoridades colombianas rechazaron el secuestro de los uniformados y anunciaron que este tipo de hechos serán denunciados ante la fiscalía para comenzar acciones legales en contra de los responsables.