Camioneta con guerrilleros del ELN y un secuestrado no es de la UNP: la entidad respondió a las acusaciones

En la mañana del martes 13 de agosto se reportó el hallazgo, por parte de las Fuerzas Militares, de una camioneta que transportaba a presuntos guerrilleros del ELN, los cuales se movilizaban con una persona secuestrada en el baúl del automóvil.

Los informes preliminares señalaban que la camioneta hacía parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin embargo, la entidad se pronunció y afirmó que el vehículo no hacía parte de la base de datos de la UNP.

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“Se trata de un vehículo placas RBQ 144, en donde un grupo armado transportaba a un secuestrado esposado, que fue neutralizado por la fuerza pública. La UNP no tiene ese registro de placa en su base de datos. En este momento la autoridad judicial hace la verificación técnica (Improntas, chasis, etc.) para descartar anomalías y precisar origen del vehículo”, dijo la entidad.

Este descubrimiento tuvo lugar en la vereda Las Nubes, entre Tame y Puerto Rondón, una zona conocida por la presencia de hombres del ELN.

El Ejército Nacional de Colombia informó que una camioneta particular se detuvo a corta distancia de un punto de control, del cual descendieron varios criminales que rápidamente escaparon en direcciones diferentes y desconocidas.

Durante la revisión del vehículo, las tropas encontraron a una persona que aparentemente había sido secuestrada. El individuo fue evacuado del lugar bajo la protección de las tropas para recibir atención médica y realizar los procedimientos legales con las autoridades pertinentes.

Según la información, las Fuerzas Militares han desplegado un operativo de seguridad en la zona cercana al incidente para localizar a los responsables del secuestro.

De acuerdo a la información de Cambio, la intervención se realizó cuando los familiares del secuestrado alertaron a las Fuerzas Militares de que una camioneta transportaba en el baúl al mismo secuestrado. Según la UNP, el hombre que estaba retenido por parte de los guerrilleros fue identificado como Angelino Parada.

Las tropas encontraron a la víctima dentro del vehículo, lo que lleva a suponer que estaba en poder del frente armado.

Aunque el vehículo no hacía parte de la Unidad Nacional de Protección, el caso escaló rápidamente y fue señalada fácilmente por la opinión pública por sus más recientes casos donde han sido intervenidas camionetas de la entidad.

El Ejército Nacional de Colombia realizó dos operativos recientes en el departamento de Nariño que han captado la atención nacional. El primer incidente ocurrió la noche del 8 de agosto en El Diviso, Barbacoas, cuando una camioneta de la Unidad Nacional de Protección fue interceptada en un puesto de control.

Durante la inspección, se encontraron más de 230 millones de pesos, cuya procedencia no pudo ser explicada por los ocupantes, incluido un gobernador indígena.

Según el Ejército, dentro de la camioneta se encontraba un gobernador indígena, quien, al percatarse de la situación, convocó a la comunidad local para evitar que se continuara con el procedimiento. Cuando se les indicó a los ocupantes que debían acompañar a las tropas hacia una unidad militar cercana para esclarecer la razón de transportar tal cantidad de dinero, se negaron y, mediante llamadas telefónicas, llamaron a los pobladores de la zona para organizar una asonada y frenar la acción legal.

“Ante la cantidad de personas que entorpecían y saboteaban el procedimiento, el Gobernador Indígena aprovecha y huye a bordo del carro con rumbo desconocido”, expresó el Ejército.

Por otro lado, un día antes, el 7 de agosto, en las carreteras de Tumaco, las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules interceptaron otro vehículo de la UNP, parte del esquema de seguridad del alcalde de Tumaco, Félix Antonio Henao Casanova.

En este caso, se descubrió una cantidad significativa de armamento, incluyendo una pistola y mil cartuchos de nueve milímetros. Los escoltas, que no pudieron justificar legalmente la posesión del armamento, fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para enfrentar cargos por tráfico ilegal de armas de fuego.