Miguel Polo Polo ahora será investigado por injuria y calumnia, confirmó la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia inició una investigación formal contra el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, acusado de injuria y calumnia.

Las denuncias surgen a raíz de comentarios que Polo Polo publicó en redes sociales mencionando al director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman Ortiz.

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De acuerdo con las autoridades, la Sala de Instrucción tomó la decisión de iniciar dicha investigación después de revisar las denuncias presentadas. En dichos comentarios, Polo Polo hizo afirmaciones que, según las denuncias, podrían haber afectado la honra y el buen nombre de Harman Ortiz, por difamatorias e infundadas.

La Corte Suprema enfatizó la importancia de proteger los derechos a la honra y el buen nombre de todos los ciudadanos, en especial de las figuras públicas. En su pronunciamiento, el alto tribunal afirmó que las declaraciones de Polo Polo podrían representar una violación de estos derechos y resaltó la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y su impacto.

Esta nueva investigación que llevará la Sala de Instrucción de la Corte se suma a otras más que acumula el representante Polo Polo. De acuerdo con la Corte, contra el congresista hay nueve denuncias actualmente, tres con apertura de investigación, tres más que fueron inadmitidas y tres que están en están en análisis preliminar.

Para finales de julio se anunció otro proceso en su contra por el delito de hostigamiento agravado, relacionado con mensajes que Polo Polo publicó en su cuenta de X en los que habría incitado a conductas violentas contra miembros del Movimiento Político M-19.

Por ahora se está a la espera de que las dos partes involucradas se pronuncien al respecto.

El 16 de mayo del 2024, el representante se fue contra el director de la ANT, y afirmó que, “este bandido que hoy es el director de la Agencia Nacional de Tierras (entidad que le adjudicó 3.000 millones de pasos a indígenas para que hicieran rituales espirituales) fue alcalde de Villavicencio y acabó con esa ciudad. No dejó ni el nido de la perra. Tiene denuncia por acoso sexual (nada extraño para un funcionario del gobierno Petro) su víctima Yolima Pérez, tuvo que huir del país por amenazas”.

Añade en el mensaje que “aparte está joyita tiene 10 investigaciones activas en Procuraduría ¡Es un sinvergüenza! Y con la mía, tendrá 11. Que se prepare porque no vamos a dejar que se robe la Agencia, así como este gobierno se robó el agua de la Guajira. Aquí estamos firmes defendiendo el patrimonio de los colombianos”.

Miguel Polo Polo enfrenta otro proceso judicial por injuria y calumnia debido a declaraciones que hizo sobre Gustavo Bolívar, actual director del Departamento de Prosperidad Social. Polo Polo afirmó en redes sociales que Bolívar estaba vinculado con los suicidios de dos de sus extrabajadores y con la financiación de la Primera Línea.

Estas acusaciones llevaron a Bolívar a presentar una denuncia penal, argumentando que las declaraciones de Polo Polo eran difamatorias y sin fundamento. La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y citó a Polo Polo a una diligencia de indagatoria.

Polo Polo ha mantenido su postura y se ha negado a retractarse, afirmando que sus declaraciones se basan en hechos de conocimiento público. La Corte Suprema ha ordenado su conducción a la Sala de Instrucción debido a su ausencia en varias citaciones previas.

Si Miguel Polo Polo es declarado culpable por la Corte Suprema de Justicia de los delitos de injuria y calumnia, podría enfrentar las siguientes penas:

• Injuria: Este delito implica hacer imputaciones deshonrosas a otra persona. Las penas para la injuria en Colombia incluyen prisión de 16 a 54 meses y una multa de 13.33 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
• Calumnia: Este delito consiste en imputar falsamente a alguien una conducta delictiva. Las penas para la calumnia son más severas, con prisión de 16 a 72 meses y una multa de 13.33 a 1.500 SMLMV.

Además, si estos delitos se cometen a través de medios de comunicación social o en reuniones públicas, las penas pueden aumentarse de una sexta parte a la mitad.