Sanitas y Famisanar le pagarán más de $700.000 millones a hospitales y droguerías de Bogotá: este es el acuerdo

Famisanar y Sanitas, EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, hicieron compromisos de pago por 723.562 millones con sesenta clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos que operan en Bogotá y en el departamento de Cundinamarca.

El compromiso de las EPS son el resultado de la jornada de conciliaciones realizadas la semana del 5 de agosto al 9 de agosto de 2024 realizadas por la Supersalud.

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“Ya comenzamos a ver los frutos económicos de las intervenciones que ordenamos hace unos meses sobre EPS que no pagaban oportunamente sus obligaciones. En esta ocasión un número importante de prestadores del centro del país han recuperado y conciliado recursos que les debían estas dos EPS. Este alivio financiero permite dinamizar los pagos y mejorar los servicios a los usuarios”, indicó el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita.

De acuerdo con la Supersalud, también se logró saldar una cuantiosa deuda pendiente entre la EPS Sanitas y Droguerías Cruz Verde, por un valor de 648.071 millones de pesos, suma que esta gestora farmacéutica venía reclamando desde antes de la intervención de la EPS por parte de la Supersalud.

La Superintendencia Nacional de Salud indicó que frente a la red pública, durante la jornada de conciliaciones se logró un total de 15 hospitales públicos de Cundinamarca, así como uno de Bogotá y la Subred Integrada de Servicios del Sur Occidente de la capital.

“El mayor acuerdo correspondió al logrado por el hospital La Samaritana, de Bogotá, con 7.461 millones; pero también hubo pagos y conciliaciones que dejaron recursos para los hospitales de Facatativá, Fusagasugá, Cáqueza, Pacho, La Vega, Madrid, Sopó, El Colegio, Tabio, Nemocón, Mosquera, Silvania, Tocaima, Chocontá y Sasaima”, precisó Supersalud.

Y agregó: “Entre las IPS privadas que concretaron acuerdos o evidencias de pago (desistimientos), se encuentran las clínicas del Occidente, Shaio, Centenario y la Colina, la Fundación Santafé de Bogotá, la Fundación Hospital San José, y el hospital Universitario San Ignacio”.

La Supersalud también detalló que la dirección de Conciliaciones de la Supersalud diseñó esta jornada especial y presencial para que estas EPS intervenidas que operan en el centro del país suscribieran acuerdos y trabajaran en la depuración de cartera con sus prestadores y proveedores.

Precisamente, esta semana se realizará una jornada de conciliaciones con las EPS Emssanar y Asmet Salud, también bajo intervención de la Supersalud, en busca de concretar recursos para los prestadores públicos y privados de salud que operan en los departamentos del sur del país.

El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, aseguró que los hallazgos de la Contraloría General de la República coinciden con lo que la entidad evidenció en la intervención de la Nueva EPS. Según el funcionario, el pasivo que ellos reportaron al sistema de $500.000 millones no correspondía con la cifra real.

En ese sentido, dijo que, “se utilizaron recursos de la UPC para financiar cosas que no deberían estar financiadas, no solo fue durante el año 2020, sino que en épocas pasadas también se presentaron irregularidades y se evidenció un mal uso de los recursos del sistema de salud”.

Al mismo tiempo, Leal reveló que en gobiernos pasados se permitió que las entidades territoriales pagaran las deudas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), generando mediante saneamiento y capitalización que se bajaran los requisitos financieros.

“Durante años han sido malos ejecutores, malos administradores, ineficientes y hay mucho ruido con la destinación de recursos irregulares, por eso hoy la Fiscalía general de la Nación adelanta una investigación muy importante sobre ese tema”, señaló el superintendente.

De igual manera, atribuyó la responsabilidad de estas irregularidades a gobiernos anteriores que no adoptaron medidas para robustecer las capacidades de la Superintendencia de Salud, al igual que mecanismos de vigilancia y control, que no consintieran intervenciones tardías y otras omisiones.

Para el superintendente, los autorreportes de las EPS es una permisividad de los anteriores gobiernos por diferentes actores del sistema, “las EPS liquidadas me angustian de sobremanera, más de 117 EPS que se han retirado, que hoy dejan a una deuda de más de $8 billones con clínicas y hospitales”, resaltó.

Igualmente, aseguró que solo desde 2022 el Gobierno hizo las denuncias pertinentes sobre esas irregularidades.