Agentes de la UNP utilizaban vehículo blindado de la entidad para “hacer vueltas personales”: la Procuraduría les formuló cargos

No paran las polémicas dentro de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por el uso indebido de los vehículos dispuestos para la protección de funcionarios y la ciudadanía en general.

Además del escándalo en el que integrantes de las disidencias de las Farc, que tenían órdenes de captura vigentes, se movilizaban en uno de los automóviles designados por la entidad por vías de Antioquia, se le suma el pliego de cargos por parte de la Procuraduría General de la Nación contra los agentes Álvaro Hernández Gil y Yecith Alejandro Sánchez Zabala.

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Según el ente de control fiscal, los funcionarios de la UNP habrían realizado diligencias personales en uno de los vehículos asignado a un protegido. “Este actuar va en contravía de los protocolos que regulan el uso y manejo de las medidas de prevención y protección asignadas a personas en situación de riesgo”, señaló la Procuraduría.

La entidad informó que “los investigados utilizaron el vehículo de placas IFR 763 para hacer diligencias del beneficiario y una diligencia personal del investigado Hernández Gil, por lo que no es permitido transportar a personas no cobijadas con la medida de protección y tampoco movilizarse en el automóvil para hacer diligencias sin la presencia del beneficiario del programa”.

Además, la Procuraduría indicó que Sánchez Zabala “se le acusa haber entregado el referido vehículo, el cual estaba bajo su responsabilidad, al escolta Hernández Gil para que este hiciera las diligencias mencionadas (...) de esta manera, faltó así a las reglas que le impedían destinar o movilizar el automotor para fines ajenos al esquema de protección del beneficiario”.

Por estos hechos, el ente de control calificó provisionalmente la conducta asumida por los investigados como falta grave a título de dolo, respectivamente.

En la tarde del 23 de julio del 2024, tropas militares detuvieron una caravana donde se movilizaban un grupo de disidentes de las Farc con órdenes de captura, que se movilizaban en camionetas adscritas a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por carreteras del departamento de Antioquia.

Entre los 13 integrantes del Estado Mayor Central de las Farc (EMC), se encontraban Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey, y Alexander Días Mendoza, alias Calarcá, integrantes de la mesa de diálogos con el Gobierno nacional, así como Edgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, quien es cabecilla del frente 36 del EMC, y que posteriormente fue condenado a prisión.

Ante ello, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra los directivos de la UNP y realizó una inspección disciplinaria a la entidad, con el fin de identificar qué servidores públicos incumplieron la normatividad, manuales y protocolos que regulan el ejercicio de la función relacionada con los esquemas colectivos de protección.

En esa inspección, funcionarios de la Procuraduría recopilaron contratos con agentes terciarios, donde se analizaría si estos tendrían vinculación con las camionetas retenidas por el Ejército Nacional en territorio antioqueño.

“Vinimos a corroborar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos (...) si bien es cierto, al parecer, el esquema de protección colectivo era prestado por tercerizados, no descartamos indagar sobre los procesos de contratación y los manuales de funciones de los partícipes en los mismos”, aseguró Lucila Mercedes Vidal Luque, directora nacional de Investigaciones Especiales del órgano de control.

Aunque las investigaciones continúan en desarrollo, la funcionaria advirtió que, de encontrar responsabilidad alguna en este caso, “podría llevar a determinar conductas disciplinarias relevantes en la que hubiesen podido incurrir servidores del nivel directivo y otros”.

Frente a este caso, el ente de control fiscal también adelantó una inspección a la Unidad Militar del municipio de Bello, Antioquia, lugar donde fueron recluidos momentáneamente los disidentes de las Farc, así como las oficinas de la Consejería para la Paz, donde también recogieron documentos y resoluciones en las que se les otorgó a los miembros del grupo armado Estado Mayor Central que se desplazaban en la caravana.