Disidentes de las Farc se metieron a una discoteca en el Cauca y Álvaro Uribe se pronunció

Una ola de indignación, rechazo y temor ha desatado un video grabado desde una celular en el que se aprecia cómo integrantes de la estructura ‘Dagoberto Ramos’ de las disidencias de las Farc ingresan a una discoteca del departamento del Cauca a realizar un operativo de inspección.

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El hecho ocurrió durante la noche del sábado 10 de agosto en un establecimiento de entretenimiento nocturno ubicado en el municipio de Toribío, en el norte de Cauca; allí un gran número de personas se encontraba en la discoteca disfrutando cuando guerrilleros uniformados de las disidencias de las Farc ingresan para solicitar los documentos a los clientes.

En el video se puede observar cómo sin música y con las luces encendidas los guerrilleros exigen a los hombres presentes identificarse para comprobar si son o no de la población. Una lamentable coincidencia es que en el lugar donde ocurrió el operativo guerrillero fue en una discoteca de Tacueyó, corregimiento en el que hace varias décadas una organización guerrillera perpetró una masacre.

La situación ha generado preocupación e indignación, especialmente desde los sectores de oposición que acusan al Gobierno nacional de ser permisivo con las organizaciones terroristas como las disidencias de las Farc y el ELN, guerrillas con poder operativo en el departamento de Cauca.

Desde las redes sociales paginas de fanáticos del expresidente de la República y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, han señalado al presidente Gustavo Petro como principal responsable del aterrador panorama en el municipio de Toribío.

“Ahora son los guerrilleros los que hacen controles, en este video se ve a integrantes de las FARC haciendo control en una discoteca en Tacueyo, Cauca. Obviamente, Petro es el que da el permiso para que sus amigos guerrilleros aterroricen al pueblo”, trinaron desde la cuenta de X @uribelegado.

Es preocupante que las disidencias de las Farc estén realizando patrullajes y operativos de control en regiones como el Cauca, porque estas acciones socavan la autoridad y legitimidad del Estado, imponiendo un control paralelo que genera temor e inseguridad en la población. Al actuar como si fueran las autoridades, estas organizaciones criminales no solo desafían el orden legal, sino que también amenazan los derechos y libertades de los ciudadanos, consolidando su poder a través del miedo y la coacción.

El panorama de seguridad en Toribío, Cauca, es alarmante, marcado por una creciente ola de violencia y la presencia de grupos armados ilegales que operan con impunidad en la región. El reciente asesinato (3 de agosto de 2024) de Dino Ul Musicue, líder social y comunero del resguardo indígena de San Francisco, es un trágico reflejo de la grave situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en el municipio. Según informes de la Defensoría del Pueblo e Indepaz, Toribío se ha convertido en un escenario de alto riesgo, caracterizado por el continuo hostigamiento a líderes sociales y la imposición de normas por parte de grupos armados, como el Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental, que disputan el control territorial.

La falta de presencia estatal efectiva ha permitido que estas organizaciones criminales extorsionen, amenacen y asesinen a quienes se oponen a sus intereses, generando un clima de terror entre la población. En respuesta a esta crisis, el Gobierno ha lanzado la Operación Cauca, una estrategia que incluye el despliegue de 600 nuevos uniformados, la creación de un comando de la Policía Nacional en Santander de Quilichao, y la intervención de Grupos de Operaciones Especiales (Goes) para desmantelar estas estructuras criminales.

Sin embargo, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha insistido en la necesidad de un mayor apoyo del Gobierno nacional, destacando la urgencia de fortalecer la logística de la fuerza pública y mejorar las capacidades tecnológicas para enfrentar a los delincuentes. La situación en Toribío es crítica y requiere una respuesta contundente para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos en la región.