Procuraduría revela informe con insuficiencias en vigilancia electrónica para privados de la libertad

La Procuraduría Segunda delegada para la Vigilancia de la Función Pública ha alertado sobre graves deficiencias en el servicio de vigilancia electrónica para personas privadas de la libertad (PPL) en Colombia. Según el organismo, las acciones emprendidas por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) no han sido suficientes ni efectivas para garantizar un adecuado monitoreo y control de los dispositivos electrónicos que permiten el seguimiento de estos individuos.

Una de las principales preocupaciones señaladas por la Procuraduría es la falta de un procedimiento o protocolo claro para atender las contingencias relacionadas con dispositivos apagados o no monitoreados. Esta situación ha generado un impacto negativo en la seguridad ciudadana y la administración de justicia, pues no se han establecido actividades, acciones, responsables, ni tiempos de respuesta precisos para gestionar las irregularidades detectadas a través de la plataforma tecnológica utilizada para el monitoreo.

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El Ministerio Público citó como evidencia un informe de la plataforma CHRONOS, que el pasado 2 de julio reportó 292 dispositivos funcionando de manera intermitente y 90 totalmente apagados. Sin embargo, hasta la fecha, no se conoce qué acciones fueron tomadas para resolver estos problemas ni qué trámites se llevaron a cabo ante las autoridades judiciales correspondientes.

“A pesar de los diversos requerimientos, las autoridades responsables del monitoreo y control no cuentan con un documento que determine con certeza las actividades, acciones, responsables y tiempos de respuesta, entre otros, que deben adelantar en los casos en que se tenga información a través de la plataforma tecnológica correspondiente que los dispositivos se encuentren en las situaciones señaladas”, señaló el ente de control.

Otra dificultad identificada por la Procuraduría es la falta de planeación presupuestal por parte de la USPEC, lo que ha impedido la culminación exitosa del proceso de selección para contratar una interventoría integral. Esta carencia dificulta el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista encargado del servicio de vigilancia electrónica, aumentando el riesgo de fallos en el sistema que podrían poner en peligro la seguridad ciudadana.

Ante esta situación, la Procuraduría ha reiterado la necesidad urgente de que la USPEC y el INPEC implementen acciones prontas y efectivas para mejorar el monitoreo de los dispositivos electrónicos y garantizar así un control adecuado sobre las personas privadas de la libertad, protegiendo tanto a la sociedad como al sistema judicial.

Tras la realización de la Mesa Energética del Caribe en Barranquilla, donde se discutieron acciones para abordar la problemática tarifaria en la región, la Procuraduría General de la Nación anunció que realizará una vigilancia estricta del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades participantes en el encuentro. El órgano de control reiteró su compromiso de acompañar las diferentes instancias que buscan una solución a la crisis energética, actuando en representación de la sociedad y como garante de los derechos de los consumidores y el cumplimiento de la ley.

El Ministerio Público destacó el reciente logro de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) al alcanzar el quorum con cuatro miembros expertos en propiedad, aunque subrayó la necesidad de designar a dos miembros adicionales. La Procuraduría resaltó la importancia del rol de la CREG en la solución de esta problemática, tanto en sus aspectos técnicos como jurídicos.

Asimismo, el organismo de control valoró la invitación del Gobierno y de los generadores para asistir a la mesa como garante del proceso de diálogo, lo que representa un reconocimiento al trabajo preventivo que ha venido realizando la Procuraduría en la búsqueda de una solución efectiva a la crisis tarifaria que afecta a la región.

La Mesa Energética contó con la participación del ministro de Minas y Energía, los gobernadores de Atlántico, La Guajira y Sucre, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, comisionados expertos de la CREG, así como senadores, representantes de los usuarios, generadores y comercializadores, y mandatarios locales de municipios interesados en una pronta solución.