Nueva medida que tomó el Gobierno Petro generará aumento de precios de productos y más deuda a los colombianos

El Presupuesto General de la Nación (PGN) es el instrumento para la planificación económica de Colombia, que determina cómo se asignarán los recursos del Estado para el próximo año. El PGN para 2025, presentado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, es el más alto de la última década, con un total de $523 billones. Este presupuesto representa un crecimiento nominal del 3,9% en comparación con 2024 ($502,6 billones), y un 23,6% frente al primer año de su mandato en 2023 ($422,8 billones).

Del total del PGN de 2025, el 62,7% se destinaría a cubrir gastos de funcionamiento, el 21,5% al servicio de la deuda, y el 15,8% a inversión. Este incremento significativo plantea importantes retos para la economía colombiana, especialmente, en un contexto macroeconómico desfavorable de alta inflación (6,86% anual en julio de 2024), bajo crecimiento (0,7% en el primer trimestre de 2024) y alto desempleo (10,3% en junio), lo que contrasta con la caída en indicadores económicos como gasto de consumo de los hogares, inversión bruta de capital fijo, comercio minorista, producción industrial y construcción.

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El Gobierno actual sostiene que un incremento en el gasto público es necesario para la reactivación económica. Sin embargo, a pesar de contar con los presupuestos más elevados de los últimos años, esta reactivación no se ha concretado. Por el contrario, se evidenciaron ineficiencias en la planificación financiera y la ejecución presupuestal.

La propuesta de aumentar nuevamente el gasto público se sustentaría con una segunda reforma tributaria, cuyo objetivo es recaudar $12 billones, lo que desconoce los efectos adversos que tubo la que se aprobó en 2022. No obstante, en el 2023 se dejaron sin ejecutar $17,5 billones al cierre del año.

Esto sugiere que, antes de considerar mayor gasto público o reformas tributarias adicionales, se requiere mejorar la capacidad del Gobierno para ejecutar de manera adecuada los recursos ya asignados, al bajar el gasto en funcionamiento y resolver las ineficiencias.

Para el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), resulta fundamental contribuir al debate político y técnico sobre los efectos que tendrá para la economía y los hogares colombianos un aumento del gasto público que sea financiado con una nueva reforma tributaria. Es por ello que el ICP dio a conocer las consecuencias que traería para el país la aprobación de un aumento significativo del PGN.

De acuerdo con la entidad, ya se demostró que la fórmula keynesiana de expandir la política fiscal para generar crecimiento económico con amplios presupuestos públicos no reactiva las economías sino que, por el contrario, acentúa el ciclo económico e inestabiliza el proceso de crecimiento.

“La expansión del gasto público distorsiona la señales del mercado, aumenta los impuestos y reduce el ahorro o excedentes privados para inversión, redistribuye esos ingresos hacía otros sectores que no necesariamente generan valor económico o social para garantizar una reactivación y sobrevalora sus precios con el fin de reactivarlos, pero a mediano plazo los convierte en insostenibles para el consumidor y el inversionista acelerando su recesión”, señaló.

Según este, la premisa se evidencia en las economías después de la expansión del gasto para contrarrestar los efectos de las políticas de aislamiento obligatorio con problemas inflacionarios y de estancamiento económico.

Ante esto, remarcó que en Colombia se demostró que el mayor PGN del presidente Gustavo Petro no logró reactivar la economía, ni el consumo de los hogares, la inversión, el comercio minorista, la producción industrial, ni la vivienda. Incluso la expansión fiscal en anteriores gobiernos generaron efectos fugaces en el crecimiento que pronto impulsan dificultades para la reactivación sostenida de los sectores económicos más capital-intensivos.

Tradicionalmente la mayor asignación del PGN se dirigió a financiar los gastos de funcionamiento, sin embargo, para el PGN de 2025 (a excepción del periodo de la pandemia), los gastos de funcionamiento obtendrán más del 60% del presupuesto total. Estos gastos de funcionamiento se traducen, principalmente, en gastos de personal, compras de bienes y servicios y subsidios, que por su misma naturaleza no están destinados a generar valor agregado a la economía sino al consumo.

Es por este motivo, agregó el ICP, que se podrán ejercer presiones inflacionarias futuras: se incrementa la cantidad de dinero circulante al promover la demanda sin que existan bienes y servicios para contrabalancear desde la oferta.

Así las cosas, señaló que el país se ha negado a enfrentar este problema y a hacer un esfuerzo por racionalizar el gasto de funcionamiento del Gobierno Nacional Central.

“Es justamente en estos gastos en funcionamiento donde existe una mayor ineficiencia en el gasto público pues Colombia pierde cerca del 4,8% de su PIB como consecuencia de la ineficiencia técnica del gobierno en filtración de transferencias, compras públicas y remuneración a empleados”, enfatizó.

La desaceleración económica se manifiesta en una disminución del recaudo fiscal, lo que hace difícil cumplir las ineficientes metas de gasto y empeora las consecuencias de la reforma tributaria de 2022.

Una reforma que excede las posibilidades de los colombianos unido a la desaceleración económica incidió en que, en términos nominales, el recaudo acumulado a junio de 2024 haya caído 8,70% respecto al año anterior, una disminución del recaudo nominal solamente observada en septiembre de 2020 como periodo excepcional por la pandemia.

“Pese a las consecuencias adversas, el Gobierno insiste en presentar una propuesta de PGN para 2025 mayor, desfinanciado en $12 billones. El PGN demanda $523 billones, pero según el proyecto de ley las rentas del mismo (ingresos y recursos de capital) equivalen a $511 billones. Estos $12 billones son los que el Gobierno del presidente Gustavo Petro pretendería recaudar con la segunda reforma tributaria de su Gobierno”, precisó.

Evidencia adicional de la desaceleración económica que atraviesa el país, como consecuencia de una menor participación del sector empresarial se encuentra en una tasa de creación de empresas históricamente baja en los últimos cuatro años: para el primer trimestre de 2024 se crearon 51.827 nuevas empresas, en promedio, un 24% menos que en el primer trimestre del año en los últimos cuatro años.

Ante esto, el ICP advirtió que si no se resuelve el problema de las ineficiencias del gasto público y no se adopta una política de austeridad burocrática, las otras medidas podrían agravar la crisis económica.

Insistió en que el hecho de que el Gobierno pretenda resolver los asuntos de financiamiento mediante otra reforma tributaria, exigiendo al sector privado mayores esfuerzos en medio de una desaceleración económica, terminará por agravar los problemas de la economía del país, del mismo modo que si busca financiar su gasto por medio de deuda pública y se comprometa el recaudo futuro.