Marelbys Meza se convirtió en el centro de una controversia legal y policial luego de ser señalada por el robo de una maleta con dinero en efectivo en el apartamento de Laura Sarabia.
Según informó Semana, un grupo de policías, siguiendo órdenes de sus superiores, manipularon pruebas, incluidas la declaración inicial de Meza y material de video, para inculparla. Estos hechos fueron revelados por el patrullero José Sebastián López Herrán, que decidió colaborar con la justicia.
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El caso comenzó cuando Andrés Fernando Parra, pareja de Sarabia en ese momento, denunció el robo el 29 de enero de 2023. Meza fue sometida a una prueba de polígrafo arbitraria, que ahora se sabe fue parte de un montaje para obtener su confesión. Semana obtuvo la declaración completa del patrullero López Herrán, que detalló cómo se alteraron y removieron pruebas, incluyendo la desaparición de videos clave y la modificación de la versión que Meza dio a las autoridades.
Según detalles, el 31 de enero, López Herrán recibió órdenes del capitán Óscar Leandro Mojica para recopilar videos de una cigarrería ubicada en la calle 127 con Avenida Suba. Los videos, entregados en una memoria USB por Paola Pava, fueron recibidos por el mayor Duván Andrés Muñoz, conocido por amenazar a Meza durante la prueba de polígrafo.
Días después, el intendente Alfonso Quinchanegua instruyó a López Herrán a modificar la entrevista original con Meza, cambiando detalles cruciales para evitar exposiciones problemáticas, como el uso de un vehículo de la plataforma Didi. Este ajuste pretendía ocultar indagaciones irregulares hechas al conductor del Didi.
A medida que avanzaba la investigación, la Fiscalía evidenció la responsabilidad de los tres oficiales, iniciando un proceso penal contra ellos. “La Fiscalía General está segura de que podrá demostrar la culpabilidad del mayor Duván Andrés Muñoz, el capitán Óscar Leandro Mojica y el intendente Alfonso Quinchanegua, que están ad portas de un juicio penal por las chuzadas”, aseguró Semana, citando previamente el texto oficial de la investigación que lleva la Fiscalía, mismo que dice:
“Este documento público fue, junto con otros actos de investigación, presentados por el intendente Quinchanegua y la patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla (la primera en tomar la decisión de colaborar con la justicia) a la Fiscalía 101 de hurtos para que solicitara la interceptación de comunicaciones del abonado celular de Marelbys del Carmen Meza Buelvas”.
La investigación de la Fiscalía 102 de la Dirección Especializada contra la Corrupción sostiene que se pretendía alterar, modificar y borrar información clave del testimonio de Meza. Además, la confesión de López Herrán respaldará la acusación en juicio contra Mojica, Muñoz y Quinchanegua, que están próximos a ser juzgados penalmente por interceptaciones ilegales.
El caso destaca la adición del número de teléfono celular de Meza en una investigación sobre un comandante del Clan del Golfo, lo que les permitió validar judicialmente las interceptaciones. La inmunidad total concedida a López Herrán por su colaboración puede proporcionar detalles valiosos sobre las acciones irregulares de los policías involucrados y sus superiores, señaló la Fiscalía.
Entre tanto, el policía sostiene que hay dos copias de la entrevista/ interrogatorio a Meza, el cual, por contraste y solicitud de “superiores”, han sido editadas y modificadas.
Esta situación ha expuesto una trama en la cual agentes policiales manipulaban pruebas y declaraciones para construir casos falaces y protegerse mutuamente de responsabilidades penales. La revelación de estos actos, llevada a cabo ahora por la confesión del patrullero López Herrán, promete ser crucial para el desenlace judicial y la rendición de cuentas.
Policías acusados de interceptaciones ilegales inician juicio
El inicio del proceso judicial contra los policías implicados en las presuntas interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, está programado para comenzar con audiencias preparatorias el 22, 23 y 24 de julio. Este caso ha captado la atención pública debido a las graves acusaciones de abuso de poder y manipulación por parte de agentes de la policía.
Marelbys Meza fue sometida a diversas formas de presión y control, incluyendo una prueba de polígrafo en los sótanos cerca de la Casa de Nariño y la interceptación de sus comunicaciones. Según se informó, la acusaron de tener vínculos con el Clan del Golfo para poder justificar el acceso “legal” a su línea telefónica. En una entrevista con Caracol Radio, Iván Cancino, abogado de Meza, describió la situación a la que su clienta fue sometida como un caso claro de tortura.
Cancino detalló que Meza fue llevada a un sótano, atada al polígrafo y posteriormente interrogada en un estado de temor significativo. “Meter a una persona en un sótano, amarrarla al polígrafo y solo cuando está atada y asustada, hacerle la pregunta de si da su consentimiento, luego realizarle seguimientos ilegales, podría configurar una posible tortura, tipificada o imputada como tal”, señaló.
El caso de Meza comenzó a principios de 2023 cuando fue acusada de robar un maletín con una relevante suma de dinero. Las repercusiones de estos eventos afectaron a la entonces jefa de gabinete del presidente Petro y a varios miembros de la policía involucrados en el caso. A pesar de que ha pasado más de un año, el proceso judicial sigue en curso y las primeras audiencias de la fiscalía están previstas para este mes.