Gustavo Petro hizo contrapropuesta “confidencial” al ELN para seguir con los diálogos de paz

A pesar de las tensiones recientes y la amenaza de un paro armado anunciado por el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Chocó, el Gobierno de Colombia sigue buscando caminos para reactivar la mesa de negociaciones.

La delegación del Gobierno, liderada por Vera Grabe, aseguró en una rueda de prensa a medios que se están explorando todas las opciones para continuar con el diálogo y no permitir que la situación actual congele los esfuerzos de paz.

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El gabinete de paz del Gobierno, frente al ultimátum del ELN para ser retirados de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO) antes del 23 de agosto, hizo una contrapropuesta que fue comunicada confidencialmente al grupo guerrillero.

“Hemos recibido del presidente Gustavo Petro la instrucción de comunicarle al ELN una propuesta confidencial para que sea valorada y nos responda. Es confidencial y no vamos a compartirla, porque debemos respetar las instrucciones y esperando una repuesta positiva”, explicó la delegada principal.

El senador Iván Cepeda destacó la voluntad de paz del ejecutivo. “Nuestra delegación permanentemente mantiene canales de comunicación abiertos con el ELN y esos canales nos permiten y nos han permitido seguir avanzando en estas discusiones e intercambios”, explicó.

Además, reafirmó que los contactos con el grupo armado no se han perdido y que existen varios canales de comunicación abiertos que permiten la interacción continua entre las partes.

Al mediodía del 11 de agosto, el Ejército de Liberación Nacional, a través de su frente de guerra occidental Omar Gómez, anunció el comienzo de un paro armado indefinido en la región sur del Chocó. Esta medida se llevó a cabo debido al incremento de enfrentamientos armados en áreas como los ríos San Juan, Sipí, y Cajón, así como en la carretera que conecta Nóvita con Torrá, según un comunicado difundido por el grupo insurgente.

El ELN subrayó que la intensificación de la confrontación se debe a la supuesta colaboración entre los paramilitares del Clan del Golfo y las fuerzas públicas y de Policía en la región, especialmente en el río San Juan. “Los paramilitares del Clan del Golfo en contubernio con las Fuerzas Militares y de Policía; quienes toman posiciones y se ubican para cubrirlos y abrirles campos”, señalaron.

El comunicado también destacó que la fuerza pública “permite” que el Clan del Golfo extorsione a los trabajadores del territorio, cobrando por todo tipo de carga, desde víveres hasta combustibles que transportan las embarcaciones. Esta situación afecta principalmente a los pobladores más humildes, denunció el grupo en el comunicado.

La medida del paro armado afecta diversas áreas de los municipios de Istmina, Sipí, Nóvita y Medio San Juan. Haciendo un llamado de alerta, pidieron atención inmediata a la población y a las entidades de derechos humanos debido a que el Estado, según el grupo armado, no cumple su función constitucional y, por el contrario, sus unidades militares se alinean con los mercenarios del Clan del Golfo.

Aunque en el comunicado del 6 de agosto el ELN afirmó que no realizarían acciones en contra de las Fuerzas Militares. A pesar de que no hay un cese bilateral del fuego vigente, no ha habido modificaciones en las tensiones y conflictos en la región.

El 3 de agosto, el Ejército de Liberación Nacional publicó un comunicado en el que detalló sus condiciones para extender el cese al fuego bilateral con el gobierno de Gustavo Petro. Entre sus principales demandas, destaca la solicitud de que no se les considere un grupo armado organizado en un decreto presidencial.

Sin embargo, la mesa de diálogos entre ambas partes tuvo dificultades para concretar esta extensión de la medida, lo que culminó con el fin del cese al fuego sin una prórroga.

El cese al fuego buscaba una interrupción en cualquier conflicto armado a través de un acuerdo político. Es posible lograrlo mediante procesos de paz o por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bajo el Capítulo VII de la Carta de la ONU.

El equipo negociador del gobierno con el ELN incluyó a José Félix Lafaurie, quien en una entrevista con Semana pidió al presidente Petro congelar los diálogos de paz. Lafaurie argumentó que “el Gobierno no puede aceptar” la condición del ELN, ya que, de hacerlo, el grupo se declararía en estado de ‘beligerante’. Esta ha sido una petición rotundamente negada por anteriores gobiernos, puesto que la condición de beligerancia podría derivar en un conflicto armado abierto con el Estado.