Ministra de Transporte explicó cómo será el incremento gradual en tarifas de peajes

El ajuste gradual de las tarifas de los peajes en Colombia se realizará de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023, informó la ministra de Transporte, María Constanza García.

Durante agosto de 2024 se aplicará un incremento del 4,64%, que representa la mitad del ajuste total pendiente basado en el IPC del año pasado.

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La ministra de Transporte detalló que el monitoreo de los datos económicos será constante para determinar el momento óptimo para completar la normalización de las tarifas, de acuerdo con el decreto 050 que estipula que estos ajustes deben realizarse antes de finalizar el 2024. “Estaremos semana a semana monitoreando el comportamiento para tomar la decisión de qué momento es el mejor para normalizar de forma completa”, señaló García.

Por su parte el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla comunicó previamente la necesidad de este incremento, el cual conforma solo una parte del ajuste pendiente del 9,28% correspondiente al IPC de 2023. Según la ministra María Constanza García, aún queda un 5% por aplicar para alcanzar el ajuste completo.

Así mismo, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías) solicitaron estos ajustes para mantener la sostenibilidad financiera de los proyectos viales del país. La importancia de un monitoreo constante y la toma de decisiones basadas en datos sólidos y en diálogo con sectores involucrados son claves para evitar impactos negativos en la economía nacional.

“Hay un equipo que analiza y verifica para tomar decisiones informadas y sustentadas para no afectar negativamente la economía del país”, puntualizó García.

Estas buscan adaptar las tarifas de aranceles a las condiciones económicas actuales, garantizando así la viabilidad de la infraestructura vial del país y la continuidad de los proyectos que dependen de estas medidas de ingresos. Este enfoque pretende responder a las fluctuaciones económicas de una manera gradual y controlada, asegurando que las actualizaciones se realicen de manera justa y equilibrada para todos los actores involucrados.

El congelamiento de las tarifas de peajes, decretado por el Gobierno a principios de 2023 a través del Decreto 50, generó importantes consecuencias económicas para los concesionarios y desequilibrios en sus contratos, según indicó Paola Larrahondo de la firma Gómez Pinzón a Asuntos Legales. La medida, que buscaba mantener la capacidad adquisitiva de la población en un contexto inflacionario, mantuvo las tarifas del año 2022, evitando así el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), estipulado normalmente para enero.

El Ministerio de Transporte, responsable de fijar las tarifas que aplican para las vías gestionadas por la Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto Nacional de Vías, debe actualizar estos valores anualmente en enero con base en el IPC, además de considerar los términos contractuales de las concesiones, explicó una fuente del sector.

El Gobierno nacional ha analizado opciones para mitigar los efectos de esta decisión, incluyendo un incremento de tarifas superiores al 13% en el presente año y la compensación de la diferencia en tarifas para algunas concesiones.

Además, el Ministerio comunicó la intención de realizar un nuevo ajuste del 4,64% desde el 1 de agosto. Esta situación levantó polémicas por el impacto financiero negativo en los ingresos proyectados por parte de los concesionarios, lo cual ha derivado en incertidumbre respecto a la recuperación de la inversión y el pago de deudas con financiadores.

“El congelamiento de las tarifas en el 2023 generó, además, un vacío presupuestal considerable para atender la disminución de los ingresos que esperaban recibir los concesionarios, impactando de manera especial a los proyectos en etapa de operación”, dijo Paola Larrahondo.

El Ministerio de Transporte explicó que los ajustes en las tarifas deben atender las obligaciones contractuales del Estado y equilibrar las necesidades de financiamiento para la infraestructura, con la estabilidad económica de las concesiones. No obstante, el congelamiento de tarifas en 2023, a pesar de ser una medida bien recibida por los usuarios y las empresas transportadoras de carga, trajo problemas presupuestales considerables debido a la disminución significativa de los ingresos esperados por los concesionarios, afectando especialmente los proyectos en etapa de operación.

Este ajuste tarifario se justifica en parte por las dinámicas de una economía inflacionaria como la colombiana. Sin embargo, persiste la preocupación por la sostenibilidad de los contratos y el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado hacia financiadores nacionales e internacionales. Los concesionarios exigen medidas que compensen este desajuste económico, dado el impacto adverso en los proyectos viales.

Finalmente, se destaca que la resolución de estos problemas se torna crucial para mantener la viabilidad financiera de los proyectos de infraestructura vial en el país, subrayó el Ministerio de Transporte. Los futuros ajustes en las tarifas buscarán corregir el déficit creado por la medida de congelamiento, demostrando la importancia de decisiones cuidadosas y equilibradas en la gestión de las vías del país.