José Félix Lafaurie estalló contra propuesta del ELN al Gobierno: “Es una amenaza extorsiva, esencia de la ley del terror”

José Félix Lafaurie, miembro de la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), se refirió con declaraciones contundentes a la situación actual con el grupo armado.

Lafaurie aseguró que el comunicado emitido por el ELN el 6 de agosto, justo antes de finalizar el cese al fuego, es un claro “ultimátum” al Gobierno colombiano. “El ultimátum es, por definición, una amenaza extorsiva, esencia de la ley del terror. Si usted no hace lo que yo exijo, cuando yo lo exijo, cumplo una amenaza”, señaló, subrayando la naturaleza coercitiva de las demandas del ELN.

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Para el líder de Fedegán, las exigencias del ELN que pretenden que el Gobierno, mediante decreto, los saque de la lista de Grupo Armado Organizado (GAO), “buscan equipararse a la fuerza pública y legitimar su lucha armada”.

Lafaurie señaló que, de hecho, el grupo armado podría tener la intención de, “restregarle en las narices el decreto a la Unión Europea, que, a pesar de la solicitud colombiana, no decide sacarlo de su lista de organizaciones terroristas”.

Esta situación se complica con la cercanía de la fecha límite impuesta por el ELN. Con la amenaza de retomar las hostilidades, el panorama para el Gobierno se torna cada vez más crítico al intentar balancear entre concesiones y el mantenimiento del orden público.

“El plazo: 23 de agosto. La amenaza: la de siempre; la que también usaron las Farc para extorsionar al presidente que solo buscaba un Nobel: La Ley del terror, la amenaza de muerte, extorsión, secuestro, reclutamiento y control territorial para proteger las rentas ilícitas que pagan esa violencia”, subrayó en su columna de opinión.

La falta de verificación del cese al fuego ha sido un tema recurrente en las críticas de Lafaurie: “Siempre lo dije: sin verificación no hay cese al fuego, convertido en argumento fácil para enredar el proceso, culpar al Gobierno y luego extorsionarlo con ultimátums inaceptables.”

El énfasis en la necesidad de una verificación estructurada refleja la preocupación por la transparencia y eficacia en las negociaciones de paz con el ELN que, en su comunicación, mostró intenciones claras de consolidar su posición política e institucional, reclamando un trato similar al de las fuerzas estatales. “Si el ultimátum no se cumple, la respuesta será una vuelta a las hostilidades”, indicó Lafaurie, resaltando las posibles consecuencias de no acceder a las demandas del grupo insurgente.

“Los GAO no son invento colombiano, sino una definición del Artículo 1 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, de 1977, aprobado por Colombia mediante la Ley 171 de 1994 y aceptado por el ELN como “marco de referencia común” para el cese al fuego suscrito en el Acuerdo 10 de 2023; definición de los GAO que también ratifican las leyes 1908 de 2018 y 2272 de 2022″, explicó Lafaurie.

Así las cosas, indicó que el Gobierno no puede comprometerse más allá de lo que permite la estructura jurídica colombiana, “en la que un decreto presidencial no mata ley, ni Constitución ni Acuerdos Internacionales”.

Por último, el negociador en la mesa de diálogos con el ELN aseguró que en los territorios no ha habido cese al fuego. Por el contrario, dijo que, “ha sido utilizado para seguir reclutando, entrenando y armando efectivos”.

Además, se ha planteado la incógnita sobre cómo evolucionarán las negociaciones tras dicho “ultimátum” del ELN. La confianza entre las partes se ve continuamente puesta a prueba, y el papel del Gobierno se vuelve crucial ante la necesidad de formular respuestas estratégicas que respondan al propósito de alcanzar la paz.

“¿Quién es el juez que decide sobre los incumplimientos del cese al fuego, en términos de combate o de hostigamiento a la población? Es el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMV, creado por el Acuerdo con participación del Gobierno, el ELN, la Iglesia y la ONU; una mesa coja desde octubre de 2023, cuando el ELN decidió bloquearla con su ausencia. Allí reposan más de 200 casos de posibles incumplimientos, sobre cuya responsabilidad no se puede pronunciar el Mecanismo sin romper la manida bilateralidad de la mesa”.