Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra hombres involucrados en transporte de armas en camioneta de la UNP

En un reciente operativo en Nariño, el Ejército Nacional interceptó una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asignada al alcalde de Tumaco, que transportaba más de 1.400 cartuchos de municiones de 9 mm.

La Fiscalía informó que durante la inspección se encontraron 1.464 cartuchos, además de 12 bultos de detergente y una pistola, lo que llevó a la detención de los dos ocupantes del vehículo.

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Los hombres arrestados fueron identificados como Juan Camilo Salazar Rodríguez y Jank Carlos Segura Angulo. Salazar se presentó a los oficiales como el chofer del alcalde de Tumaco y miembro de la UNP. Esta unidad, cuya misión es proteger a personas en riesgo, se ha visto envuelta en polémica debido a la utilización de sus vehículos en actividades ilícitas.

Durante las audiencias de imputación de cargos, la Fiscalía General de la Nación acusó a ambos detenidos por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Tras el proceso judicial, el juez de control de garantías decretó medida de aseguramiento en centro carcelario para Salazar Rodríguez, y detención domiciliaria para Segura Angulo, informó la entidad.

La Unidad Nacional de Protección manifestó su deseo de participar en el proceso judicial en calidad de víctima, buscando esclarecer las circunstancias de este uso indebido de sus recursos. Según el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, el uso de la camioneta oficial para transportar municiones representa una grave violación de seguridad y confianza, puntos clave en la responsabilidad de la UNP.

Este incidente se da en un contexto de uso indebido de vehículos de la UNP para actividades criminales. Recientemente, fue reportado otro caso donde varias camionetas de la unidad fueron usadas para movilizar a disidentes de las Farc que, sin permisos adecuados, viajaban en estos vehículos protegidos, lo que generó gran revuelo y críticas a nivel nacional.

En el desarrollo del procedimiento, los soldados que realizaron la interceptación en la vereda El Gualtal, en la vía de Tumaco a Pasto, informaron que la revisión exhaustiva del vehículo derivó en el hallazgo de 28 cajas de municiones. Ante tales descubrimientos, las autoridades resaltaron la importancia de continuar con rigurosas medidas de control y supervisión de los recursos de protección destinados a funcionarios públicos y otras personas bajo amenaza.

Los detenidos Juan Camilo Salazar Rodríguez y Jank Carlos Segura Angulo se enfrentan ahora a un complejo proceso judicial, con la Fiscalía General de la Nación enfocada en desenmascarar la red y el verdadero propósito tras el transporte de tal cantidad de municiones.

La escolta del alcalde de Tumaco, Félix Antonio Henao Casanova, fue capturada el 7 de agosto en un retén del Ejército en Gualtal, cerca de Tumaco, en el departamento de Nariño. Durante la operación, las autoridades descubrieron que el vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asignado al alcalde, transportaba un cargamento de armas sin documentación.

Según informó la UNP, el material incautado incluía 1 pistola, 2 proveedores y 1.417 cartuchos de 9 mm distribuidos en 28 cajas de munición. Las autoridades están verificando el origen y destino de estas armas y municiones, además de definir la situación legal de los detenidos.

Aunque el alcalde Henao no estaba presente en el vehículo al momento de la incautación, la vinculación de su escolta en este incidente generó gran controversia. La entidad UNP confirmará que tanto la escolta como el vehículo registrado pertenecen al esquema de protección del alcalde implementado por ellos.

Henao, un médico conocido por sus denuncias durante la pandemia por las condiciones laborales en Tumaco, consideró la alcaldía tras una campaña electoral inusualmente corta. Según La Silla Vacía, Henao reemplazó a Jairo Cortés, cuyo registro electoral fue revocado por el Consejo Nacional Electoral a finales de septiembre, dando inicio así a una campaña de tan solo 27 días.

Este incidente ha generado inquietudes sobre la seguridad y la transparencia en el manejo de recursos destinados a la protección de figuras públicas. Hasta ahora, la UNP ha evitado emitir un comunicado detallado sobre el incidente, mientras se espera una declaración oficial de las autoridades pertinentes para esclarecer los hechos y responsabilidades.