El cadáver de alias el Zarco, un exjefe paramilitar, revela ola de violencia en Atlántico

El hallazgo del cuerpo baleado de Rafael Armando Forero Hernández, alias El Zarco, en una playa de Puerto Colombia el pasado 1 de agosto, ha venido a confirmar un oscuro panorama de violencia en el Atlántico.

Forero Hernández, exjefe de finanzas del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estaba buscando alianzas con bandas criminales de la región antes de ser asesinado, según fuentes oficiales.

El Zarco fue encontrado con 11 disparos y, en un principio, la identidad del cadáver fue manejada bajo el nombre falso de Juan Diego Manzur Hernández. Forero Hernández había estado en el departamento del Atlántico desde hace varios meses, rodeado de escoltas y moviéndose en vehículos de lujo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Este caso se torna especialmente relevante en el contexto de la ola de violencia que azota a Atlántico. Las cifras proporcionadas por las autoridades locales, contando hasta el 4 de agosto, indican que se han registrado 259 homicidios intencionales en Barranquilla, 215 de los cuales fueron sicariatos.

De estas muertes, 110 se atribuyen a disputas territoriales y ajustes de cuentas, vinculadas al microtráfico y otros delitos, según la investigación de Zona Cero.

Alias El Zarco no era un novato en el mundo del crimen. En junio de 2005, en un operativo de la Policía de Carreteras en Carmen de Apicalá (Tolima), fue capturado luego de una llamada que alertó sobre movimientos sospechosos en un condominio.

Aunque tenía pendientes dos órdenes de captura, no se hallaron evidencias adicionales en su contra en aquel momento. Apenas un mes después, fue capturado nuevamente en Cundinamarca, acusado de la muerte de varios políticos del Meta, se puede leer en la investigación del medio mencionado.

Los efectos de estas disputas y la imbricación de antiguos paramilitares con nuevas bandas criminales no son fenómenos aislados. La violencia se ha intensificado con la actividad de grupos como Los Costeños, Los Pepes, Los Rastrojos Costeños, Los Papalópez y el Clan del Golfo. Estas bandas luchan por el control de áreas estratégicas para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

El hallazgo del cadáver de Forero Hernández en la playa de Sabanilla vino precedido por otros dos homicidios en el mismo lugar, registrando en una semana tres hombres asesinados en esa área. Este hecho subraya la creciente peligrosidad de algunas zonas costeras del Atlántico.

La situación ha llevado a que la cúpula de la Policía Nacional se establezca en Barranquilla, mientras que las autoridades locales, incluyendo al alcalde Alex Char y el gobernador Eduardo Verano, demanden soluciones frente a la creciente ola de violencia.

El crecimiento alarmante de feminicidios ha sacudido al departamento de Atlántico en el año 2024, con 34 mujeres asesinadas hasta la fecha, según el Observatorio de Violencia contra la Mujer. En respuesta, la diputada del Atlántico, Alejandra Moreno, ha urgido al gobernador Eduardo Verano a tomar medidas inmediatas para proteger la vida de las mujeres atlanticenses.

En una carta dirigida a Verano, Moreno solicitó la declaración de emergencia por violencia de género y la implementación de medidas que fortalezcan la protección y atención a las víctimas de maltrato. La diputada argumenta que es indispensable asegurar la prioridad de estos casos para garantizar que la justicia se aplique eficazmente y prevenir la repetición de tragedias como la de Yina Paola Ariza Julio.

Ariza Julio, de 34 años de edad, fue brutalmente asesinada el 2 de julio en el corregimiento de Guaimaral, Tubará, tras una acalorada discusión con su pareja, Donaldo Vasquez Zuñiga, quien la atacó con un machete dentro de su vivienda.

Este caso ha intensificado la exigencia de Moreno para que la Gobernación del Atlántico tome un firme compromiso en la protección de la integridad de todas las mujeres del departamento.

Moreno ha insistido en que las autoridades prioricen las investigaciones relacionadas con estos crímenes, no solo para brindar justicia a las víctimas, sino también para sentar un precedente en la región. Afirmó que la gobernación tiene la obligación de proteger a cada mujer y ofrecer programas de prevención de la violencia de género y servicios de apoyo integral tanto a las víctimas como a sus familias.

La diputada también subrayó que conseguir resultados favorables para los familiares de las víctimas es una prioridad, destacando la necesidad de una inversión significativa en estos programas. “Exigimos no solo la pronta y debida justicia de estos crímenes atroces, sino también una inversión relevante en programas de prevención de la violencia de género y en servicios de apoyo integral para las víctimas y sus familias,” añadió.