Luego de que las empresas Aire y Afinia anunciaron un aumento en las tarifas de energía en la Región Caribe, incrementando la tarifa de $121.29 Kvh en julio a $518,46 en agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió una acción popular presentada por la congresista de Fuerza Ciudadana Ingrid Aguirre, que buscan a frenar estas nuevas medidas.
El principal argumento de la congresista es que el incremento continuo en las tarifas de energía afecta drásticamente la economía de los habitantes de la Costa Atlántica colombiana.
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En el recurso legal Aguirre señaló: “Lo único que le pide el pueblo es que disminuyan la tarifa energética que actualmente están pagando mes a mes”. La medida busca proteger los derechos de los consumidores residentes en los departamentos del Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y La Guajira, asegurando que el valor pagado mensualmente corresponda al consumo real de energía eléctrica, excluyendo el cobro de pérdidas técnicas y no técnicas de la fórmula de cálculo de la factura.
Aguirre subrayó la urgencia del asunto en un mensaje dirigido al Gobierno nacional asegurando que, a pesar de las promesas del presidente Gustavo Petro en mayo para resolver el problema de las tarifas elevadas, los habitantes siguen enfrentando costos de energía desproporcionadamente altos.
“No aguantamos más cumbres energéticas, mesas técnicas de trabajo y demás acciones en donde los resultados siguen siendo nulos y el pueblo pagando altas tarifas todos los meses”, aseguró.
La indignación de la congresista se hizo aún más visible en sus declaraciones durante una sesión plenaria del Congreso, donde criticó la permisividad del Gobierno frente a las suspensiones del servicio de hasta 12 horas en ciertos municipios. “Sabemos que no es un problema que generó este Gobierno, pero es con su accionar que podemos poner fin a esta situación que afecta los bolsillos de millones de usuarios que dejan de comer para pagar la energía. No queremos falsas promesas, queremos la solución ya”, concluyó Ingrid Aguirre.
El viernes 9 de agosto, el presidente Gustavo Petro pidió a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) modificar la fórmula para configurar las tarifas de energía en el país. Según el mandatario, el sistema actual está diseñado para capturar rentas de toda la economía nacional, lo cual, a su juicio, genera altos costos en las tarifas, especialmente en la región del Caribe colombiano.
Petro argumentó que este modelo no beneficia a quienes suministran el gas a precios competitivos, sino a quienes logran mantener costos inferiores. Esta situación, según Petro, no está beneficiando al consumidor final, sino que incrementa los costos de energía de manera desproporcionada.
En ese sentido, dijo que “vendemos cada vez menos carbón y no es por un decreto. El mundo ya no está comprando el mismo carbón y la tendencia es permanente y la línea seguirá continuamente hacia abajo hasta llegar a cero. ¿Será en 50 años? ¿En 20? No, en siete aproximadamente”.
Petro enfatizó que el futuro de la reactivación económica en Colombia pasa por apostar decididamente por la energía renovable. Según el mandatario, descarbonizar la economía no solo alineará al país con las tendencias globales de sostenibilidad, sino que también hará más competitiva la prestación del servicio de energía.
El presidente también se refirió a un reciente fallo del Consejo de Estado, que revocó el nombramiento de Omar Fredy Prias como director de la Creg debido a su falta de experiencia para asumir el cargo, y a la decisión judicial que negó hacer cambios en las tarifas de energía.
“He pedido que se reconfigure la fórmula de la Creg, antes de que nos tumben otro comisionado, porque eso ha estado sucediendo”, resaltó.
Petro confirmó que presentará al Congreso dos bloques de proyectos encaminados a reactivar la economía en Colombia. Uno de estos, será de inversión forzosa, que, según dijo, permitiría destinar un porcentaje del ahorro público como crédito barato a las actividades de la producción.