Detuvieron a un ciudadano colombo-libanés que explotaba recursos en Colombia para financiar al grupo terrorista Hezbolá

Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario al ciudadano colombo-libanés Mahdy Akil Helbawi, conocido como Jonathan o El Jefe. Akil Helbawi nacido en el municipio de Maicao, La Guajira, de 36 años de edad, fue imputado por aprovecho ilícito de recursos naturales, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y uso de documento falso, cargos que no fueron aceptados por el procesado.

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La captura de Akil Helbawi se llevó a cabo en un operativo de allanamiento realizado por la Dijín de la Policía nacional en un inmueble ubicado en Cúcuta, Norte de Santander. Esta acción se realizó de manera articulada con la Agencia Federal de Investigación estadounidense (FBI), que informó sobre la presencia de alias Jonathan en Colombia desde 2016.

El FBI evidenció que desde ese año Akil Helbawi habría estado produciendo ilícitamente carbón vegetal en zonas rurales de La Guajira. La investigación, adelantada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, determinó que la comercialización del carbón vegetal se realizaba a través de una empresa de exportaciones utilizada como fachada para evadir los controles aduaneros.

La Fiscalía estableció que el carbón vegetal era transportado a puertos en Cartagena y desde allí enviado en barcos a destinos como Líbano, Israel, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán, donde era vendido. Parte de los recursos obtenidos de estas ventas habría sido destinada a financiar la organización Hezbolá.

En un trabajo articulado entre la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, se logró la ubicación de una sociedad comercial valorada en 100 millones de pesos, utilizada por Akil Helbawi para blanquear más de 4.976 millones de pesos mediante operaciones de comercio exterior.

“El cruce de información financiera, registros contables, además de dictámenes periciales, entre otras labores de policía judicial, evidenciaron que la compañía fue usada para ocultar los movimientos ilícitos de capitales y evadir el pago de impuestos al Estado colombiano”, se lee en el comunicado oficial del ente acusador.

Durante la investigación, se cruzó información financiera, registros contables y dictámenes periciales que demostraron que la compañía fue usada para ocultar movimientos ilícitos de capitales y evadir impuestos. La sociedad, constituida en marzo de 2015, habría comercializado 2.449.110 kilogramos de carbón vegetal extraídos sin autorizaciones legales entre 2016 y 2022. Para recibir el reintegro de las divisas, Akil Helbawi habría utilizado cuentas bancarias a las que ingresaron más de 5.439 millones de pesos mediante 117 giros internacionales.

La Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre la sociedad ubicada en Barranquilla, Atlántico. Esta acción se realiza en seguimiento a la ley colombiana establecida y como respuesta a la evasión de controles y normas de comercio exterior, tal como indican las investigaciones aprobadas.

“El dinero ingresó a nombre de la empresa Zanga S.A.S, la cual junto con su representante se encuentran incluidos en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de los Estados Unidos”, indicó el coronel Edwin Masleider Urrego Pedraza, director de Investigación Criminal e Interpol (Dijín)

Las investigaciones, iniciadas en julio de 2021, revelaron que la dimensión ambiental del delito: la deforestación resultante de la tala de más de 32.210 árboles de guayacán en peligro crítico de extinción, afectando al menos 32 hectáreas de bosques nativos en La Guajira y destacando un daño medioambiental que podría tardar de 30 a 50 años en ser restaurado.

Entre 2015 y 2024, Helbawi logró enviar más de 2.449 toneladas de carbón vegetal al Medio Oriente, con un valor comercial estimado en 4,898 millones de pesos colombianos. Esta actividad delictiva posicionó tanto a la empresa Zanga S.A.S como a su representante legal en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos.

En mayo de 2022, las autoridades incautaron 28 toneladas de carbón en Riohacha, transportadas con documentos falsos, evidenciando el continuo intento de Helbawi por evadir controles policiales.

En Colombia, el proceso judicial para una persona acusada de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y financiación del terrorismo sigue un procedimiento riguroso y detallado. Primero la Fiscalía General de la Nación inicia una investigación preliminar para recolectar pruebas y determinar si hay mérito para imputar cargos. Esta etapa incluye la recolección de pruebas, es decir documentos financieros, testimonios, registros bancarios, entre otros y un análisis de información para lo cual la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) juega un papel crucial en identificar transacciones sospechosas.

Si la Fiscalía encuentra pruebas suficientes, se procede a la imputación de cargos. En esta audiencia, el fiscal presenta formalmente los cargos ante un juez de control de garantías. El juez puede imponer medidas cautelares como la detención preventiva, el embargo de bienes o la prohibición de salir del país, para asegurar la comparecencia del acusado y la preservación de pruebas.

El juicio oral es público y se lleva a cabo ante un juez especializado. Durante el juicio ambas partes presentan sus pruebas y argumentos. Luego testigos y peritos son interrogados por la defensa y la fiscalía. Finalmente, el juez emite una sentencia basada en las pruebas presentadas. Si el acusado es encontrado culpable, se le impondrá una pena que puede incluir:

• Prisión: Las penas por lavado de activos pueden ser de 10 a 30 años de prisión.
• Multas: Multas significativas dependiendo del monto involucrado.
• Decomiso de bienes: Los bienes obtenidos ilícitamente son decomisados.