Militar que confesó “falsos positivos” en el Huila reveló conversación que tuvo con su hija sobre las ejecuciones extrajudiciales: “Quiero que sepas el dolor que tu papá ha causado”

Neiva sigue siendo el escenario de la Audiencia de Reconocimiento y Aceptación de Responsabilidad de 74 comparecientes por asesinatos y desapariciones forzadas en medio del Subcaso Huila, entre 2005 y 2008.

En este subcaso, un total de 36 integrantes de la fuerza pública fueron imputados como máximos responsables. De estos, treinta reconocieron su culpabilidad por escrito, previo a la audiencia.

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Ahora, en una sesión pública en Neiva, ellos, junto a otros 46 comparecientes no seleccionados como máximos responsables, admitirán su responsabilidad ante las víctimas y las autoridades.

Alejandro Ramelli Arteaga, junto a las magistradas Lily Rueda Guzmán y Julieta Lemaitre Ripoll, y el magistrado Óscar Parra Vera, presiden la segunda jornada de la audiencia pública, acompañados por la magistrada Claudia Rocío Saldaña Montoya y el magistrado José Miller Hormiga Sánchez, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Los testimonios de José Fidel Orjuela y Juan Carlos Ruiz Buitrago fueron impactantes revelaciones, como señalaron diversas fuentes.

José Fidel Orjuela, un soldado retirado del Batallón Magdalena, reconoció con vergüenza y arrepentimiento su implicación en la muerte de varios jóvenes. Orjuela afirmó que estos jóvenes, Juan Perdomo, Alber Augusto Lezcano Cedeño y Carlos Mauricio Duque Pastrana, se encontraban en condiciones de vulnerabilidad y fueron asesinados en estado de indefensión, agregando que nunca pertenecieron a ninguna estructura guerrillera.

Juan Carlos Ruiz Buitrago, quien fuera cabo segundo del Batallón Cacique Pigoanza, también admitió su responsabilidad directa en los asesinatos de Jhon Jairo Zúñiga Gómez, Álvaro Marín Silva y Jair Hoyos Alzate. Ruiz relató cómo, pese a su bajo rango en la cadena de mando, fue quien dio la orden de disparar y posteriormente encubrió los crímenes.

Ruiz contextualizó estos actos al explicar que una competencia interna en las unidades militares por permisos, viajes y medallas incentivaba estas prácticas. Admitió que la presión por resultados tras la disminución de combates debido al repliegue guerrillero llevó a un aumento en tales crímenes.

Felipe Andrés Ramírez Gómez, perteneciente a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11, expresó su vergüenza y dolor por los asesinatos que cometió y permitió. Ramírez incluso instó al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al general retirado William Fernando Pérez Laiseca (r) a reconocer las presiones que ejercieron sobre sus subalternos, que derivaron en estas masacres.

Ramírez llamó especialmente la atención pues reconoció que en estas dinámicas influyó especialmente un artículo de la política de Seguridad Democrática implementada en la época, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

“Mi carrera se vio amenazada por un artículo, artículo 103 de facultad discrecional, con el que me amenazaron si yo no cumplía con la política de Seguridad Democrática. Con el mismo artículo amenazaron a coroneles, generales y comandantes de brigadas y batallones”, dijo.

Allí mismo el magistrado Parra le pidió al compareciente Ramírez que compartiera cómo fue la conversación que tuvo con su hija sobre estos crímenes.

“Ahora sé que mi hija va a ver esta audiencia y sé que algún día tenía que ver algo así, y por ende sé que alguien pensará que esa niña es la hija de un asesino, pero mi hija tiene que saberlo. Y yo se lo dije primero para que entendiera y, segundo, para que no repitiera”.

Ramírez añadió que “mi hija ama las instituciones armadas, llora un 20 de julio. Se emociona viendo pasar los aviones (...) Quiero que se pase el dolor que tu papá causaba para que no repitas”.

Un emotivo acto simbólico inició la jornada, llevado a cabo por Yenny Gutiérrez Molina, familiar de una de las víctimas, quien pidió un minuto de silencio y encendió velas blancas en memoria de los 208 asesinados en el Subcaso Huila. En representación de 140 víctimas presentes, Ligia Katherine Bermúdez Losada, hija de una víctima asesinada en 2007, leyó una carta en nombre de las hijas que perdieron a sus padres. “Hola, papi, quería contarte que hace 17 años dejamos de ser la hija, la preocupación y el centro del mundo de alguien. Nos despedimos aquella mañana y aún sigo esperando algo que nunca llegará”, expresó Bermúdez.

Yuli Patricia Ortiz, hija de Saúl Ortiz Muñoz, asesinado en 2006, también se pronunció: “Vengo para ser la voz de los niños inocentes que hemos pasado por cosas difíciles, que hemos vivido la violencia desde pequeños”, antes de leer las peticiones de los menores a los comparecientes.

El segundo patrón macrocriminal se basa en el engaño a personas en situación de vulnerabilidad. Las víctimas, en su mayoría, eran individuos con dificultades económicas, desplazados o sin domicilio fijo, que fueron atraídas o reclutadas bajo falsos pretextos para luego ser asesinadas, según la información proporcionada.

Durante la audiencia, Mauricio Aguirre Macías, hermano de una víctima, expresó su dolor y solidaridad con las víctimas, afirmando: “Somos grandes y hoy vamos a acceder a la justicia porque hoy nos tienen que contar cómo asesinaron a mi hermano”. Mario Hernán Duarte, imputado como máximo responsable y ex integrante del Batallón ‘Magdalena’, admitió su culpabilidad ante todos. Duarte confesó haber presionado a sus subalternos para que presentaran muertes como resultados y reconoció que dos víctimas, Danilo Yepes Pineda y Saúl Ortiz Muñoz, fueron engañadas y asesinadas bajo su mando. “Todas estas personas asesinadas eran inocentes”, aseveró Duarte.

Finalmente, Duarte explicó que las fechas de las ejecuciones, como Navidad o Viernes Santo, eran escogidas debido al bajo tránsito, lo que permitía mayor libertad de movimiento para cometer los crímenes.