Por hacerse pasar por funcionaria de la SAE para hacer una estafa, abogada recibió dura sanción: así fue la historia de la jurista con doble identidad

Luego de una investigación disciplinaria, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial excluyó a la abogada Diana Patricia Vásquez Londoño de su profesión. Vásquez Londoño se había hecho pasar por funcionaria de la entidad Sociedad de Activos Especiales (SAE) para cometer fraudes económicos.

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De acuerdo con la Comisión, Vásquez Londoño había creado una fachada en la que simulaba ser representante de la SAE, entidad encargada de gestionar bienes incautados a organizaciones criminales en Colombia. Utilizó esta identidad falsa para ofrecer inmuebles que estaban bajo administración de esa entidad y a disposición de ser adquiridos por particulares.

Según el expediente disciplinario, Vásquez Londoño propuso a una víctima la compra de un predio en el barrio Normandía, de Bogotá. Explicó que, debido a que involucraba un inmueble en extinción de dominio, el proceso requeriría una gestión judicial que tomaría alrededor de tres años. Simultáneamente, ofreció a la misma persona la adquisición de un apartamento en la localidad de Engativá, el cual, aunque había estado en manos de la SAE, ya había sido rematado a favor de otros compradores.

“De acuerdo con el expediente, explicó que debía acudir a los Juzgados Civiles de la ciudad porque al tratarse de un inmueble en extinción de dominio, era necesario un trámite que podía tomar cuando menos tres años”, explicó la Comisión en un comunicado.

Las justificaciones dadas por Vásquez Londoño se tornaron cuestionables cuando su víctima intentó verificar los inmuebles. En el caso del predio en Normandía, alegó que no había una orden judicial que permitiera visitarlo, mientras que en el del apartamento afirmó que estaba ocupado por su propia cuñada.

La víctima de estas transacciones fraudulentas llegó a entregar hasta 200 millones de pesos, respaldados con un pagaré por el mismo valor, que finalmente resultó no ser válido.

Vásquez Londoño fue investigada y encontrada culpable de tomar ventaja de su falsa posición para cometer estos actos de estafa. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial determinó tomar la medida más drástica posible: excluirla de su profesión como abogada, resultando en una sanción ejemplar dentro del sistema judicial colombiano.

La suplantación de identidad de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), organismo del Estado colombiano encargado de administrar bienes incautados por actividades ilícitas, es un delito severamente castigado en Colombia. Un acto de esta naturaleza no sólo desafía el sistema jurídico del país, sino que socava la confianza pública en las instituciones gubernamentales.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE), según el portal de la entidad, tiene la misión de gestionar bienes incautados en procesos judiciales, principalmente relacionados con narcotráfico y corrupción. Su labor abarca la administración, mantenimiento y disposición de estos activos que, tras ser asegurados, pueden ser utilizados en favor del Estado y la sociedad.

Las principales funciones de la SAE incluyen la gestión de bienes para asegurar su conservación y garantizar su valor, además de disponer de ellos mediante venta, arriendo o transferencia a diferentes entidades. Asimismo, los ingresos generados se destinan a programas sociales y de seguridad, apuntando a un mejor aprovechamiento de los recursos recuperados de actividades ilegales.

El apoyo a la justicia que brinda la SAE es crucial, pues colabora con autoridades judiciales en la identificación y manejo de bienes resultantes de ilícitos. Este apoyo fortalece la lucha contra el crimen organizado y otros delitos mayores en el país, asegurando que los activos incautados entren rápidamente en un sistema de gestión eficiente y productivo.

La suplantación de identidad de la SAE conlleva graves sanciones legales. Las personas involucradas en dicha actividad pueden enfrentar:

• Penas de prisión que varían según la magnitud del delito y los daños ocasionados, con condenas que pueden oscilar entre uno y cuatro años de cárcel en casos de fraude o estafa.
• Multas económicas significativas que buscan imponer un castigo adicional y disuadir futuros intentos de suplantación.
• Sanciones adicionales que pueden incluir la inhabilitación para ejercer ciertos derechos o funciones públicas, afectando la vida profesional y personal de los responsable