Esmeraldero asesinado por un francotirador en Bogotá tenía doble identidad: cuál es la razón de esta irregularidad que podría complicar investigación

Juan Sebastián Aguilar era un comerciante de esmeraldas también conocido como ‘Pedro Aguilar’, y que fue asesinado el miércoles 7 de agosto en un exclusivo conjunto residencial de Bogotá.

Aguilar, una figura destacada en el negocio de la esmeralda en Boyacá, era conocido por su doble identidad y su control de una empresa de seguridad clave en la región.

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Según investigaciones de El Tiempo, Aguilar figuraba en documentos legales y registros comerciales con ambos nombres, algo que ahora investigan las autoridades.

En la constitución de su empresa de seguridad, Seguridad Oriental Ltda, no utilizaba su nombre verdadero, sino el alias “Pedro Aguilar”.

Esta compañía, fundada tres años antes de la muerte de su patrón Víctor Carranza Niño, proporciona seguridad a múltiples compañías esmeralderas y cuenta con más de mil empleados. Hoy, la empresa está bajo control de su familia con operaciones en varias ciudades como Bogotá, Bucaramanga y Pereira , entre otras.

Por el momento, las autoridades se encuentran investigando por qué el comerciante de esmeraldas tenía una doble identidad en el manejo de sus empresas y si esto tuvo algo que ver con el homicidio de Aguilar.

El vínculo familiar y político de Aguilar incluye a su esposa, Luz Mery Mendieta Poveda, hermana del político boyacense Jorge Mendieta Poveda . Además, Aguilar tenía conexiones con figuras como Claudia Ortiz, exjefa de la Unidad Nacional de Protección del gobierno Duque, y la excongresista Sandra Ortiz.

Además de sus alianzas políticas, Aguilar tenía contratos importantes a través de su empresa, incluidos acuerdos con entidades públicas, como la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte de Bogotá. Seguridad Oriental ha trabajado en consorcio con Servisión de Colombia CIA. , vinculado al excónsul de Colombia en México, Luis Oswaldo Parada Prieto .

En términos de fortuna, Aguilar poseía acciones en Esmeraldas Santa Rosa S.A., y numerosos bienes inmobiliarios. Entre sus propiedades destacan cinco apartamentos lujosos en el norte de Bogotá, un local comercial en el occidente de la capital, y varias propiedades en Cundinamarca, Boyacá, Cauca y Meta .

La información sobre Aguilar no solo es relevante para entender los motivos detrás de su asesinato sino también por el interés de las autoridades estadounidenses que investigan el caso.

La empresa de seguridad privada ligada a Luis Oswaldo Parada Prieto, excónsul de Colombia en México durante el gobierno del expresidente Iván Duque, apareció en el radar debido a su implicación en varios contratos adjudicados a entidades públicas, especialmente en Bogotá. Esta conexión generó interés sobre los vínculos entre la empresa de seguridad y las autoridades locales.

Un análisis detallado de estos contratos muestra que han sido adjudicados a la Unión Temporal S y O, compuesta por Seguridad Oriental Ltda , empresa vinculada a Luis Oswaldo Parada Prieto, y Servisión de Colombia CIA., representada legalmente por Óscar Alexander Parada Prieto, hermano del excónsul.

Uno de los destacados contratos adjudicados es con la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte de Bogotá. Este dato resalta la capacidad e influencia que estas empresas alcanzaron en el sector público de la capital. Seguridad Oriental Ltda. También obtuvieron contratos en otras instituciones importantes como la Corporación Autónoma Regional de Chivor y el municipio de Soacha.

La revelación de estos contratos llega en un entorno donde la transparencia y la buena gestión de los recursos públicos son puntos críticos de discusión. La implicación de figuras relevantes como Luis Oswaldo Parada Prieto en estos negocios aumenta el escrutinio sobre cómo se adjudican y administran los contratos públicos en varias regiones de Colombia.

Además de su carrera diplomática, Parada Prieto intentó sin éxito asegurar un escaño en el Senado colombiano bajo el partido Centro Democrático, lo que destaca su actividad tanto en el ámbito público como en el privado.

La relación de estos contratos y las conexiones personales de sus beneficiarios abren preguntas sobre la competencia y legitimidad en los procesos de adjudicación, especialmente en contextos donde puede haber conflictos de intereses.