Denuncian que una de las candidatas de Petro a la Defensoría del Pueblo podría desatar una ola de persecución contra Álvaro Uribe

El presidente Gustavo Petro presentó oficialmente una terna de candidatas para la Defensoría del Pueblo, cargo que será definido por la Cámara de Representantes en las próximas semanas.

Las tres aspirantes seleccionadas son todas mujeres, lo que ha sido un motivo de orgullo, pero también de críticas, pues no han faltado los cuestionamientos a las experiencias, el recorrido y las preferencias políticas de las ternadas.

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Uno de los señalamientos vino de Hernán Cadavid, perteneciente al Partido Centro Democrático. Según el representante a la Cámara Jomary Ortegón, una de las candidatas de Gustavo Petro ha mostrado evidentes sesgos políticos en el pasado, especialmente en contra del expresidente Álvaro Uribe.

En palabras de Cadavid: “Esta señora es Jomary Ortegón, la candidata de Petro para la Defensoría. Su mérito: perseguir a Uribe, denunciándolo hasta en la justicia argentina”, escribió en X.

“Es la cabeza de un aparato de persecución que sin duda montará si llegar a ser electa”, agregó Cadavid, advirtiendo sobre la decisión del presidente Petro: “Todas las alertas; Petro a lo Maduro”.

La controversia de gran magnitud surgió en diciembre de 2023 cuando Jomary Ortegón, actual vicepresidenta del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), comunicó en una entrevista con Mañanas Blu que el expresidente Álvaro Uribe podría enfrentar consecuencias legales en Argentina.

Esto se debe a una denuncia relacionada con los presuntos ‘falsos positivos’ durante su mandato. Según Ortegón, si Argentina decide abrir una investigación, Uribe podría ir a la cárcel: “Si se inicia una investigación, que es lo que buscamos, que si el juez o la justicia argentina lo determina, haya una privación de la libertad y una determinación de responsabilidad”, afirmó Ortegón en dicha entrevista.

El Colectivo Cajar aseguró que entre 2002 y 2008, periodo en el que Uribe fue presidente de Colombia, se documentaron al menos 6.402 ejecuciones extrajudiciales en todo el territorio nacional, de las cuales 6.112 se consideran ‘falsos positivos’.

La denuncia se basa en el principio de jurisdicción universal, el cual permite que delitos graves como estos sean investigados internacionalmente, sin importar la nacionalidad de los responsables.

En respuesta, el expresidente Álvaro Uribe ha rechazado todas las acusaciones en reiteradas ocasiones. En declaraciones a Radio Mitre en Argentina, Uribe negó rotundamente las cifras presentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y enfatizó en su política de seguridad democrática que, según él, redujo los índices de criminalidad en Colombia.

“Aquí en Colombia todo eso lo investigan, pero vamos al fondo de los temas. El Gobierno mío practicó una política de seguridad democrática con todas las libertades… El crimen bajó de casi 30.000 homicidios al año a 15.000″, sostuvo Uribe.

Uribe recordó que en 2006 las bajas en combate comenzaron a ser investigadas por la Fiscalía General de la Nación y no por la Justicia Penal Militar.

“Cuando estas quejas llegaban, a mí me era difícil creerlas por mi afecto a los soldados y los policías de Colombia, pero nunca fui omisivo. Otra de las muchas decisiones que se tomaron en la época... En junio de 2006, el ministro Camilo Ospina (exministro de Defensa) hizo un acuerdo con la Fiscalía para que cada que hubiera una baja la investigación la empezara no la justicia penal militar, sino la justicia ordinaria”.

A pesar de estos argumentos, el Colectivo Cajar sigue presentando pruebas que demostrarían la responsabilidad de Uribe en ‘falsos positivos’. La denuncia incluye testimonios de víctimas, familiares y exfuncionarios su gobierno, complicando aún más el caso.

Cabe destacar que no es la primera vez que el nombre del expresidente se mezcla con controversias legales internacionales. En diferentes momentos se ha discutido su posible responsabilidad en violaciones de derechos humanos, aunque hasta ahora no se han concretado procesos de tal magnitud fuera de Colombia.