Petro apuesta por la lucha anticorrupción, pero tambalea: altos funcionarios incumplen con sus obligaciones legales

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, tomó por sorpresa a la Nación al incluir la lucha contra la corrupción como un pilar fundamental de su propuesta para un eventual Acuerdo Nacional, señalando así un posible cambio de rumbo en su administración. No obstante, dentro de la propia Presidencia de la República persiste una preocupante falta de transparencia que contrasta con la exigencia de un liderazgo ético.

Un reciente estudio realizado por La Silla Vacía reveló que cerca de un tercio de los altos funcionarios del Gobierno Petro no ha cumplido con su deber legal de presentar anualmente sus declaraciones de conflictos de interés, lo que plantea un reto interno que podría minar la confianza pública en el Gobierno, a mitad de su mandato.

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De los 190 altos funcionarios del Gobierno, incluidos ministros, viceministros, directores y secretarios generales, 64 han incumplido la obligación de presentar sus declaraciones de conflictos de interés. Esta falta de transparencia no solo vulnera la ley, sino que plantea serias dudas sobre la integridad en la toma de decisiones al más alto nivel del Estado.

La ley colombiana exige que los funcionarios declaren públicamente el origen de sus ingresos y las actividades económicas propias y de sus familiares. Esto es crucial para que la ciudadanía pueda vigilar si, desde sus posiciones de poder, los empleados del Estado podrían estar favoreciendo intereses particulares; sin embargo, la situación actual revela un preocupante patrón de incumplimiento que podría abrir la puerta a potenciales conflictos de interés y corrupción.

El análisis realizado por el medio en mención, señala que junto con la organización argentina Directorio Legislativo, a través de su programa Joining the Dots, evidenció que 14 altos funcionarios no han presentado nunca sus declaraciones, mientras que otros 50 lo hicieron de manera incompleta o irregular.

Entre los miembros de servicio público más destacados que incumplieron se encuentra la vicepresidenta Francia Márquez, que no presentó su declaración al tomar posesión y solo lo hizo por primera vez en 2023. En 2024, que debía actualizar la información, tampoco lo hizo.

En términos de ministerios, la Cancillería y el Ministerio de Defensa lideran el incumplimiento, concentrando un número considerable de funcionarios que no han actualizado sus declaraciones de interés en el tiempo estipulado por la ley. Este dato es alarmante considerando que estas carteras manejan recursos significativos y tienen un impacto directo en la política exterior y la seguridad nacional.

Además del incumplimiento en las declaraciones de interés, el reporte identificó que 17 altos funcionarios tienen familiares o parejas que contrataron con el Estado, en algunos casos bajo circunstancias que podrían sugerir posibles conflictos de interés.

Por ejemplo, el hijo de la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, fue contratado en la cartera de Cultura un mes después de que su madre asumiera el cargo, lo que levanta suspicacias sobre la transparencia en estos procesos de contratación.

Las obligaciones de interés de los funcionarios se refieren a una serie de deberes legales que buscan garantizar la transparencia y prevenir conflictos de interés en el ejercicio de sus funciones. Estos deberes están diseñados para asegurar que los funcionarios actúen en el mejor interés del público y no en beneficio propio o de sus allegados.

A continuación, se detalla las principales obligaciones de interés:

• Declaración de conflictos de interés: Los funcionarios deben declarar cualquier situación o relación personal, familiar, o financiera que pueda influir o parecer que influye en sus decisiones oficiales. Esto incluye la revelación de actividades económicas, propiedades, inversiones, y otras fuentes de ingreso tanto propias como de familiares cercanos.
• Declaración de bienes y rentas: Los funcionarios están obligados a reportar anualmente el estado de sus bienes, ingresos, y pasivos, así como los de sus familiares inmediatos. Esta declaración busca detectar y prevenir enriquecimiento ilícito durante su mandato.
• Impedimentos y recusaciones: Cuando un funcionario se encuentra en una situación donde un conflicto de interés puede afectar su imparcialidad, debe declararse impedido para participar en decisiones relacionadas con ese asunto. En algunos casos, las partes involucradas pueden solicitar la recusación del funcionario.
• Transparencia en la contratación: Los funcionarios deben garantizar que las contrataciones y adquisiciones públicas se realicen de manera transparente, sin favorecer a empresas o personas con las que tengan una relación personal o económica.
• Cumplimiento ético y normativo: Además de las declaraciones y procedimientos mencionados, los funcionarios deben adherirse a un código de conducta ética que guíe su comportamiento en el cargo, evitando cualquier acción que pueda ser interpretada como corrupción, favoritismo, o abuso de poder